Obligadas escuelas de SLP a denunciar violencia contra alumnos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 6 de septiembre de 2026.- El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Educación de San Luis Potosí para establecer de manera expresa la obligación de denunciar de inmediato cualquier caso o indicio de violencia contra estudiantes.

La modificación, presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, contempla que personal docente, directivo y administrativo de los centros educativos dé aviso a las autoridades competentes cuando tenga conocimiento, sospecha o indicios de abuso sexual, maltrato o cualquier otra forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La reforma busca evitar que los casos permanezcan sin denunciar o que la intervención de las autoridades se retrase por falta de claridad sobre las responsabilidades del personal escolar.

De acuerdo con la propuesta, una actuación oportuna permitiría proteger a las víctimas desde el primer momento, además de establecer mayor certeza para quienes trabajan en las escuelas sobre los pasos que deben seguir ante una situación de violencia.

La modificación también plantea fortalecer la coordinación entre el sistema educativo, la Fiscalía General del Estado, el DIF y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante protocolos específicos de actuación.

Estos protocolos deberán ser elaborados de manera conjunta por las autoridades involucradas y contemplar capacitación periódica para el personal educativo sobre sus obligaciones legales y los procedimientos que deben aplicar.

La reforma establece que la omisión de denunciar podrá ser sancionada conforme a la legislación penal y administrativa correspondiente, aunque se plantea proteger a quienes actúen de buena fe.

Gámez Macías señaló que la violencia sexual infantil constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos de la niñez y consideró necesario garantizar que las escuelas sean espacios seguros.

El objetivo, explicó, es que los casos sean atendidos con rapidez y que las víctimas no tengan que enfrentar procesos que puedan generar revictimización o retrasos en la procuración de justicia.