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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 16 de junio de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil, colectivas, personas defensoras de derechos humanos y profesionales del derecho emitieron un posicionamiento público en el que expresaron su preocupación por los hechos ocurridos el pasado 14 de junio en la capital potosina, relacionados con la detención de un joven y de la abogada Celia García Valdivieso.
En el documento, las organizaciones señalaron que los acontecimientos podrían constituir hostigamiento, criminalización y detención arbitraria de un joven por parte de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, presuntamente motivados por criterios de discriminación y perfilamiento social.


Asimismo, manifestaron su rechazo a la detención de Celia García Valdivieso, quien, de acuerdo con el pronunciamiento, intervino para brindar asistencia jurídica y observar la legalidad de la actuación policial.
Los firmantes sostuvieron que la criminalización de las juventudes basada en características físicas, apariencia, origen social o edad vulnera derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la libertad de tránsito.


También señalaron que la liberación de la defensora de derechos humanos fue resultado de la movilización social, jurídica y mediática generada tras los hechos.
En relación con el posicionamiento difundido por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, las organizaciones consideraron que la explicación oficial resulta insuficiente y solicitaron una investigación interna sobre la actuación de los policías involucrados.
Entre las exigencias planteadas destacan la difusión de información pública sobre los hechos, el reconocimiento de posibles violaciones a derechos humanos, el inicio de procedimientos para deslindar responsabilidades, la revisión de protocolos de actuación policial y la capacitación especializada de los cuerpos de seguridad.
Además, pidieron garantizar el ejercicio libre y seguro de la abogacía, la observación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en el municipio.
El pronunciamiento fue respaldado por diversas organizaciones y colectivos locales, quienes demandaron verdad, justicia, responsabilidad institucional y garantías de no repetición.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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