Endurecen castigos por uso de sustancias en violación, abuso y robo en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 27 de abril de 2026.-El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para incorporar la sumisión química como medio de comisión en delitos como violación, abuso sexual y robo, con el objetivo de fortalecer las herramientas legales para sancionar estas conductas.

La modificación establece que cuando una persona sea sometida mediante sustancias psicotrópicas sin su consentimiento, las penas podrán incrementarse, al considerarse una condición que anula la capacidad de defensa de la víctima.

La diputada Dolores Robles Chairez, impulsora de la iniciativa, explicó que la sumisión química consiste en la administración de fármacos, estupefacientes o sustancias que alteran la conciencia, con el fin de facilitar la comisión de un delito.

Destacó que este fenómeno ha cobrado relevancia por su impacto social y sanitario, además de la dificultad para su detección y registro, ya que no se encontraba tipificado de manera específica en la legislación estatal.

Con la reforma, se establece que las sanciones podrán agravarse hasta en una mitad adicional, particularmente en casos de robo con violencia o delitos sexuales, cuando se compruebe el uso de estas sustancias.

Asimismo, se contempla que, si el delito es cometido por personas en posición de autoridad, confianza o responsabilidad, como servidores públicos, ministros religiosos o tutores, se aplicarán sanciones adicionales, incluyendo la destitución o inhabilitación profesional.

El dictamen también precisa que esta práctica puede presentarse mediante la administración forzada u oculta de sustancias, lo que coloca a la víctima en estado de vulnerabilidad, independientemente de su edad o género.

La legisladora subrayó que esta reforma busca cerrar vacíos legales y garantizar que las autoridades cuenten con herramientas para investigar, sancionar y prevenir este tipo de conductas, alineando la normativa estatal con los retos actuales en materia de seguridad y justicia.

Con esta medida, el Congreso del Estado fortalece el marco legal para proteger a las víctimas y sancionar prácticas que vulneran la integridad física y la voluntad de las personas.