Buscan que los trámites públicos puedan hacerse desde el celular

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 16 de agosto de 2026.- Hacer trámites ante el Gobierno del Estado o los municipios sin tener que acudir físicamente a una oficina podría convertirse en una obligación para las autoridades, de prosperar una iniciativa presentada ante el Congreso local.

La diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso reformar el artículo 8 de la Constitución Política del Estado para establecer que las autoridades estatales y municipales impulsen políticas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios.

La propuesta busca que el uso de herramientas tecnológicas permita reducir tiempos y procesos burocráticos, pero también disminuir espacios de discrecionalidad que pueden favorecer actos de corrupción.

De acuerdo con la iniciativa, la digitalización tendría que acompañarse de buenas prácticas regulatorias y del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las instituciones públicas.

El planteamiento parte del reconocimiento de que una parte importante de la población todavía enfrenta dificultades para realizar trámites debido a procesos largos, traslados y requisitos administrativos.

La propuesta también enfrenta un reto: digitalizar no significa simplemente trasladar un trámite de una ventanilla a una página de Internet.

Por ello, la iniciativa contempla que las políticas públicas consideren las condiciones de quienes tienen poco conocimiento sobre herramientas digitales o viven en comunidades rurales con acceso limitado a Internet.

La legisladora planteó que la transformación digital debe incluir a personas con discapacidad, comunidades indígenas y adultos mayores, entre otros sectores que podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios exclusivamente digitales.

Otro de los argumentos es que una administración pública con mayor capacidad tecnológica podría facilitar el acceso a servicios, generar mayor transparencia y reducir oportunidades para prácticas irregulares.

De aprobarse, el cambio colocaría en la Constitución estatal el principio de que los gobiernos deben avanzar hacia servicios públicos más sencillos, accesibles y digitales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.