Mujeres periodistas en México: entre violencia, desigualdad y exclusión
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 17 de noviembre de 2026.- La relación de amistad que el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoce públicamente con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya adquiere otra dimensión frente a los contratos millonarios que recibió una empresa vinculada con familiares de este último durante la administración municipal. El caso, que volvió a la discusión pública tras una investigación de TV Azteca, abre una ruta de preguntas que rebasa las fronteras potosinas y alcanza el entramado empresarial de Jorge Amílcar Olán Aparicio y su relación con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
No se trata solamente de una coincidencia entre personajes que se conocen o comparten espacios políticos. El punto de partida es más de 120 millones de pesos en contratos de obra pública, las relaciones familiares identificadas alrededor de una de las empresas beneficiadas y una serie de coincidencias societarias y notariales que una investigación de La Orquesta documentó entre los entornos empresariales de Sánchez Zumaya y Amílcar Olán. En medio de ese entramado está Galindo, quien ha reconocido su amistad con el empresario, pero niega que exista una relación contractual directa con él.
La investigación publicada por TV Azteca Noticias el 11 de noviembre, firmada por Jorge Íñigo y Daniel Jacobo, colocó nuevamente bajo escrutinio cuatro contratos de obra pública otorgados entre 2022 y 2023 por el Ayuntamiento de San Luis Potosí a Torang Construcciones, empresa que el reportaje identifica como vinculada con familiares de Gerardo Sánchez Zumaya.
De acuerdo con la información difundida por la televisora, las adjudicaciones suman aproximadamente 120 millones 330 mil pesos y fueron objeto de observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), relacionadas con inconsistencias documentales, incumplimientos y deficiencias en la ejecución de los trabajos.
Los contratos corresponden a una obra de pavimentación por 6 millones 902 mil pesos; trabajos de rehabilitación de pavimentos por 47 millones 393 mil pesos; la construcción de una fosa en la carretera a Zacatecas por 37 millones 521 mil pesos, y un contrato adicional por 28 millones 513 mil pesos relacionado con ese proyecto.
Uno de los señalamientos más delicados se refiere a la construcción de la fosa, cuya obra habría sido cancelada sin que se reintegrara un anticipo superior a 11 millones de pesos. En el contrato adicional, las inspecciones reportadas también habrían identificado deficiencias en la calidad de los trabajos y un anticipo de aproximadamente 8.5 millones de pesos cuyo reintegro se cuestiona.
Los antecedentes de este caso no son nuevos. El 18 de julio de 2024, El Heraldo de San Luis Potosí publicó una investigación sobre los contratos de Torang Construcciones y su relación con familiares de Sánchez Zumaya. El medio identificó a María Liliam Torres, María Asunción Sánchez y César Torres Sánchez como integrantes del entorno familiar relacionado con la compañía.
La publicación también detalló los importes de los cuatro contratos y las observaciones atribuidas al órgano fiscalizador. Es decir, los cuestionamientos sobre estas contrataciones ya estaban documentados periodísticamente desde 2024, mucho antes de que Sánchez Zumaya se convirtiera en un personaje de alcance nacional por los señalamientos relacionados con sus negocios petroleros.
La relación familiar es un dato relevante para investigar, pero no equivale por sí misma a demostrar que Sánchez Zumaya sea propietario, administrador o beneficiario efectivo de Torang. Para establecerlo se requieren las actas societarias, los poderes, los registros de accionistas y los documentos que permitan conocer quién toma las decisiones y controla los recursos de la empresa.
La relación personal entre ambos personajes tampoco es una inferencia periodística. El propio Enrique Galindo la reconoció públicamente.
El 8 de noviembre, en declaraciones recogidas por Pulso, en una nota firmada por Rolando Morales, el alcalde descartó que existiera un acuerdo político estructurado con el grupo de Sánchez Zumaya, pero admitió que mantiene comunicación y amistad con el empresario.
«Es un buen amigo mío y yo no lo niego», expresó.
Galindo también reconoció que ha recibido y conversado con integrantes del grupo político del empresario, aunque rechazó que esos acercamientos representen una alianza rumbo a la elección de 2027.
La declaración adquiere relevancia porque coloca la relación en un terreno que el propio presidente municipal ha reconocido. La amistad no constituye una irregularidad ni acredita complicidad, pero sí vuelve legítimo preguntar si el alcalde conocía los vínculos familiares y empresariales de las compañías que recibieron contratos durante su administración y qué mecanismos se aplicaron para descartar posibles conflictos de interés.
La controversia tuvo una nueva respuesta el 13 de noviembre. Según publicó La Orquesta, Galindo negó tener contratos con Sánchez Zumaya y sostuvo que las cuatro obras señaladas por TV Azteca fueron asignadas mediante licitaciones públicas, concluidas y revisadas por el IFSE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin observaciones, según su versión.
El alcalde afirmó que no existe evidencia documental o jurídica que lo vincule directamente con el empresario y aseguró que estaba dispuesto a presentar los números de licitación, montos y expedientes correspondientes. El 14 de noviembre, El Heraldo retomó esas declaraciones y el rechazo del edil a los señalamientos.
Esta es una diferencia que debe resolverse con documentos, no con declaraciones contrapuestas. Que Galindo sostenga que no contrató directamente a Sánchez Zumaya no responde por sí solo quiénes son los propietarios y beneficiarios de las empresas que participaron en los procedimientos, ni aclara las observaciones que la investigación periodística atribuye al órgano fiscalizador.
La documentación de las licitaciones, los dictámenes de auditoría y las respuestas oficiales del IFSE son indispensables para establecer si las observaciones fueron solventadas, si existieron responsabilidades administrativas o si hubo algún daño al erario.
La dimensión nacional del caso comienza con los negocios de Sánchez Zumaya en el sector energético. El empresario potosino es identificado como fundador y figura central de Grupo GESA, además de estar relacionado con Petrogesa, compañía que obtuvo contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
En noviembre de 2024, Reforma publicó una investigación de Rolando Herrera titulada «Da Pemex millonada a proveedor facturero», en la que documentó una denuncia penal contra Sánchez Zumaya por presuntas operaciones irregulares relacionadas con contratos de la paraestatal.
La información expuso señalamientos sobre una red de empresas que habría facturado más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024, así como contratos de Petrogesa con Pemex por más de 520 millones de pesos. Se trata de acusaciones y hechos reportados en el contexto de una denuncia; no deben presentarse como una sentencia judicial ni como responsabilidad penal acreditada del empresario.
Posteriormente, el 19 de noviembre de 2024, La Orquesta retomó información sobre la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco por presunto lavado de dinero y fraude fiscal. En esa publicación se describieron las operaciones empresariales y las sociedades que, según la denuncia, habrían participado en movimientos de facturación irregular.
El caso tomó una dimensión todavía mayor con la investigación especial publicada por Jorge Saldaña en La Orquesta el 11 de octubre de 2026, titulada «López Beltrán, Amílcar Olán y Sánchez Zumaya: La pinza en el saqueo del siglo».
El trabajo periodístico revisó actas constitutivas, registros mercantiles, movimientos accionarios y documentos notariales para identificar coincidencias entre el entramado empresarial de Grupo GESA, relacionado con Sánchez Zumaya, y las sociedades vinculadas con Jorge Amílcar Olán Aparicio.
Entre los hallazgos expuestos se encuentran patrones similares en movimientos societarios, coincidencias de notarías, domicilios, relaciones familiares y operaciones de capitalización. La investigación también documentó que una sociedad fundada en San Luis Potosí con un capital inicial de 50 mil pesos registró posteriormente un aumento de capital por 400 millones de pesos, suscrito por Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya.
El documento referido por La Orquesta señala que el aumento de capital fue respaldado mediante un cheque bancario. La investigación identificó, además, movimientos que elevarían las capitalizaciones de las empresas relacionadas con Sánchez Zumaya a cientos de millones de pesos.
El valor de este hallazgo está en la coincidencia documental entre dos universos empresariales, no en que se haya demostrado que ambos empresarios operaban como una sola estructura criminal. De hecho, el propio reportaje de La Orquesta advierte que no existe, hasta ahora, prueba pública fehaciente e irrefutable de que Sánchez Zumaya y Amílcar Olán hayan operado como una misma organización.
La precisión importa: compartir una notaría, tener patrones societarios semejantes o registrar coincidencias de fechas no demuestra por sí solo coordinación delictiva. Sin embargo, cuando esos elementos se suman a relaciones familiares, operaciones comerciales y movimientos de capital, justifican profundizar en el origen de los recursos, los beneficiarios reales y las actividades de las sociedades involucradas.
Jorge Amílcar Olán Aparicio ha sido identificado en investigaciones periodísticas como amigo y colaborador del entorno de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, y de su hermano Gonzalo.
La relación entre ambos fue reconocida por el propio López Beltrán, aunque rechazó que existan intereses económicos o negocios compartidos.
El 3 de noviembre de 2026, Forbes México publicó una nota que retomó el posicionamiento de Andy, quien admitió conocer a Olán y explicó que su relación surgió por amistades en común y porque la esposa del empresario había estudiado con él en la primaria. Al mismo tiempo, negó cualquier sociedad, complicidad, participación en negocios o intervención para obtener contratos gubernamentales.
Ese posicionamiento debe formar parte de la investigación porque constituye la versión directa de uno de los personajes centrales del contexto nacional.
Sin embargo, los señalamientos sobre las actividades empresariales de Olán han seguido acumulándose. El 7 de septiembre de 2026, Forbes México difundió una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre Portacelis Gas and Oil, empresa relacionada con Olán.
El análisis cruzó información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con los registros de importación de combustible de la compañía. Según esa investigación, Portacelis habría declarado un volumen considerablemente menor de diésel al que realmente habría introducido al país durante parte de 2025, con una diferencia estimada superior a 83 millones de litros.
La publicación también informó que una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitida en enero de 2026 y firme desde marzo, validó una decisión fiscal relacionada con la empresa.
Estos datos colocan a Olán en el centro de cuestionamientos documentados sobre operaciones de combustible y cumplimiento fiscal, mientras que su relación personal con Andy ha sido reconocida y sus vínculos económicos con él han sido negados por el propio López Beltrán.
Lo que resulta relevante para la investigación potosina es que La Orquesta identificó coincidencias empresariales entre el entorno de Olán y el de Sánchez Zumaya. No es una conexión que deba darse por probada en términos de una operación conjunta, pero sí es una ruta documental que permite ampliar el escrutinio más allá de los contratos municipales.
El caso del empresario potosino también escaló a la agenda nacional después de que el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, afirmara que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado cuentas bancarias de Sánchez Zumaya y que este había salido de México.
La información fue difundida por Reforma y retomada por El Heraldo de San Luis Potosí el 23 de octubre de 2026. Según la versión de Anaya, el bloqueo de cuentas habría ocurrido en medio de los cuestionamientos sobre los negocios del empresario y de su participación en el proceso interno del PT rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí.
El dirigente petista calificó la medida como una persecución política y sostuvo que habría sido determinante para que Sánchez Zumaya se retirara de sus aspiraciones electorales.
Hasta ahora, es indispensable distinguir entre lo que se ha declarado públicamente y lo que está acreditado por autoridades. La salida del país y el congelamiento de cuentas han sido reportados a partir de las declaraciones de Alberto Anaya, pero no contamos con una resolución judicial pública que permita afirmar que Sánchez Zumaya tiene una orden de aprehensión o que existe una sentencia en su contra.
Tampoco debe confundirse el bloqueo preventivo de cuentas con una declaración de culpabilidad. La situación jurídica del empresario, los motivos de cualquier medida financiera y el estado de las investigaciones deben ser aclarados por las autoridades competentes.
Lo que sí puede documentarse es que, mientras su figura desapareció de la actividad política pública, las empresas relacionadas con su entorno continuaron siendo objeto de cuestionamientos periodísticos y escrutinio por sus relaciones comerciales.
La historia de los negocios vinculados al entorno de Sánchez Zumaya y su relación con el Ayuntamiento de San Luis Potosí no puede cerrarse con la declaración de amistad de Galindo, pero tampoco con la negativa del alcalde a tener contratos directos con el empresario.
La pregunta central es quiénes fueron los beneficiarios reales de los contratos municipales, qué funcionarios participaron en los procedimientos, qué empresas recibieron los recursos y cuál fue el resultado definitivo de las auditorías.
También debe esclarecerse el origen de los recursos que permitieron las capitalizaciones millonarias documentadas por La Orquesta, la relación entre las sociedades de Grupo GESA y las empresas vinculadas con Amílcar Olán, así como la naturaleza de los vínculos que han sido reportados con el entorno de Andy López Beltrán.
En el plano municipal, Galindo tiene la oportunidad de entregar los expedientes completos de las licitaciones, las actas de fallo, los contratos, las estimaciones de obra, las actas de entrega-recepción y los dictámenes de auditoría que, según ha dicho, respaldan la legalidad de los procedimientos.
La transparencia no se demuestra únicamente afirmando que no hay nada que ocultar: se demuestra poniendo los documentos a disposición pública.





