Luego del severo golpe que representó para la 4T que se supieran los recortes a los estados en el mes de julio, en el caso de San Luis Potosí por 505 millones de pesos, la Cámara de Diputados salió a informar un consuelo.

Y es que dijo que en el periodo de enero a mayo, el estado tenía presupuestados ocho mil 623.1 millones de pesos, pero recibió nueve mil 6.6 millones, es decir, 4.4% más, traducidos en 383.5 millones de pesos.

El problema es que eso ya fue, y lo que importaba era el presente, que las entidades federativas recibieran partidas extra a causa de los gastos imprevistos por el Covid 19.

En el caso potosino, Ejecutivo y Legislativo siguen trenzados en las negociaciones por reestructurar la deuda para aliviar en algo ese boquete que dejó el coronavirus y mientras tanto, en Palacio Nacional siguen con sus guardaditos para el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, que tardarán años en rendir frutos y parecen barriles sin fondo.

Capricho.

A pocos días de la controversia por el contratazo a sus hijos para construir puentes vehiculares al Periférico y el descenso a la carretera 57, por la friolera de 230 millones de pesos, Leopoldo Stevens Amaro vuelve a estar en el ojo del huracán.

Resulta que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se vio envuelto en otro escándalo en años recientes, porque a través de Desarrolladora y Constructora Stevens (Decsa) -una de las que hace obra en el referido bulevar Antonio Rocha Cordero, junto a la firma Wasserfall Bautragerin, también propiedad Stevens-, edificó un puente vehicular en Ciudad Valles que terminó derruido por las lluvias.

Y apenas hace unos días, abajo de ese puente, se abrió tremendo socavón que tiene nerviosos a los habitantes del municipio huasteco, porque aparenta dos metros de profundidad, según cálculos a ojo de buen cubero.

Ahora que, como a Stevens le gusta nadar de muertito, seguramente va a esperar a que termine el sexenio para ver el asunto y resolverlo.

Otra vez.

El que no entiende que no entiende, es el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, quien con un discurso populachero retó al INE con que lo siga sancionando por repartir sus dádivas.

A lo único que accedió fue a bajar sus promocionales de sus redes sociales, para no hacerse más publicidad a costillas de las personas necesitadas, pero dijo que no dejará de «ayudar».

O sea, no está mal que reparta mientras sea bien habido, el problema -político- es que eso no le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario, fundador de Morena -partido que Gallardo aspira que lo apoye a través del PVEM para ser candidato a Gobernador en 2021- siempre ha dicho que repele a los políticos que lucran con la pobreza y ni modo que en esta ocasión vaya a ser incongruente, menos con alguien que nunca estuvo a su lado, hasta que ganó.

Ni los pela.