Preparativos para una amenaza llamada Trump
Luego del severo golpe que representó para la 4T que se supieran los recortes a los estados en el mes de julio, en el caso de San Luis Potosí por 505 millones de pesos, la Cámara de Diputados salió a informar un consuelo.
Y es que dijo que en el periodo de enero a mayo, el estado tenía presupuestados ocho mil 623.1 millones de pesos, pero recibió nueve mil 6.6 millones, es decir, 4.4% más, traducidos en 383.5 millones de pesos.
El problema es que eso ya fue, y lo que importaba era el presente, que las entidades federativas recibieran partidas extra a causa de los gastos imprevistos por el Covid 19.
En el caso potosino, Ejecutivo y Legislativo siguen trenzados en las negociaciones por reestructurar la deuda para aliviar en algo ese boquete que dejó el coronavirus y mientras tanto, en Palacio Nacional siguen con sus guardaditos para el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, que tardarán años en rendir frutos y parecen barriles sin fondo.
A pocos días de la controversia por el contratazo a sus hijos para construir puentes vehiculares al Periférico y el descenso a la carretera 57, por la friolera de 230 millones de pesos, Leopoldo Stevens Amaro vuelve a estar en el ojo del huracán.
Resulta que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se vio envuelto en otro escándalo en años recientes, porque a través de Desarrolladora y Constructora Stevens (Decsa) -una de las que hace obra en el referido bulevar Antonio Rocha Cordero, junto a la firma Wasserfall Bautragerin, también propiedad Stevens-, edificó un puente vehicular en Ciudad Valles que terminó derruido por las lluvias.
Y apenas hace unos días, abajo de ese puente, se abrió tremendo socavón que tiene nerviosos a los habitantes del municipio huasteco, porque aparenta dos metros de profundidad, según cálculos a ojo de buen cubero.
Ahora que, como a Stevens le gusta nadar de muertito, seguramente va a esperar a que termine el sexenio para ver el asunto y resolverlo.
El que no entiende que no entiende, es el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, quien con un discurso populachero retó al INE con que lo siga sancionando por repartir sus dádivas.
A lo único que accedió fue a bajar sus promocionales de sus redes sociales, para no hacerse más publicidad a costillas de las personas necesitadas, pero dijo que no dejará de «ayudar».
O sea, no está mal que reparta mientras sea bien habido, el problema -político- es que eso no le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario, fundador de Morena -partido que Gallardo aspira que lo apoye a través del PVEM para ser candidato a Gobernador en 2021- siempre ha dicho que repele a los políticos que lucran con la pobreza y ni modo que en esta ocasión vaya a ser incongruente, menos con alguien que nunca estuvo a su lado, hasta que ganó.