Buscan castigar a quienes evadan pensión alimentaria en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 9 de agosto de 2026.- Hasta tres años de prisión y una multa de hasta 300 UMAs podrían enfrentar quienes evadan deliberadamente sus obligaciones alimentarias o recurran a terceras personas para ocultar bienes y evitar su cumplimiento, de aprobarse una reforma planteada ante el Congreso de San Luis Potosí.

La iniciativa, presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez, busca modificar el Código Penal del Estado para sancionar conductas mediante las cuales un deudor alimentario se coloque intencionalmente en situación de insolvencia con el propósito de dejar de cumplir con una obligación establecida por la autoridad.

Entre las conductas que se pretenden considerar como indicios de evasión se encuentran la renuncia injustificada a un empleo o la solicitud de una licencia sin goce de sueldo, cuando ese trabajo represente su principal o único ingreso.

La propuesta también contempla sancionar la transferencia o venta intencional de bienes durante un proceso judicial o después de una resolución firme, cuando estas acciones tengan como finalidad impedir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El proyecto incorpora además la responsabilidad de terceras personas que, con conocimiento de la obligación o de un proceso judicial, ayuden a ocultar bienes, acepten aparecer como propietarios aparentes o participen en actos jurídicos simulados para evitar el pago.

Para estas conductas se plantea una pena de seis meses a tres años de prisión, además de una sanción económica de 60 a 300 días del valor de la UMA.

La legisladora señaló que el objetivo es cerrar posibles espacios de evasión y brindar mayores herramientas para proteger el derecho de niñas, niños y demás personas acreedoras de alimentos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictamen.