Jueces reprobados tendrán otra oportunidad antes de ser removidos
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 15 de junio de 2026.- El diputado Héctor Serrano Cortés presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado con el propósito de garantizar una transición ordenada en la presidencia del órgano jurisdiccional y fortalecer la protección de su patrimonio institucional.
La propuesta surge debido a que la legislación vigente establece que la elección de la Presidencia del Tribunal debe realizarse durante la primera semana de enero del año correspondiente, situación que no siempre coincide con la conclusión de los periodos de las magistraturas designadas por el Senado de la República.
El legislador explicó que esta condición puede generar vacíos o dificultades administrativas cuando la magistratura que ocupa la presidencia concluye su encargo antes de la fecha prevista para la renovación.

“Este mecanismo permite que el relevo se prepare con la debida antelación y asegura que, al momento en que una magistratura cause baja por el término de su encargo, ya exista una titularidad de la Presidencia plenamente legitimada por el voto del Pleno”, señala la exposición de motivos.
La iniciativa establece que, cuando la magistrada o magistrado que presida el Tribunal esté próximo a concluir su periodo constitucional, el Pleno deberá reunirse durante el mes previo a la terminación del encargo para elegir a una nueva persona titular de la Presidencia por un periodo de dos años.
La misma disposición aplicaría al término ordinario de la gestión de la Presidencia o en caso de renuncia de alguna magistrada o magistrado.
Además, la reforma propone declarar inembargable e imprescriptible el patrimonio del Tribunal Electoral, integrado por bienes, activos, cuentas bancarias y demás recursos institucionales.
De aprobarse, estos bienes no podrán ser objeto de medidas cautelares ni de procedimientos de ejecución judicial o administrativa, quedando sujetos al régimen patrimonial establecido en la legislación estatal.
El legislador destacó que el Tribunal Electoral desempeña una función fundamental en la protección de los derechos político-electorales, la paridad de género y la inclusión de grupos vulnerables, por lo que requiere un marco normativo acorde con sus necesidades operativas.





