Ya nos llevó el tren

Está claro que una administración pública en una democracia implica hacer cambios estructurales, reformar las instituciones, crear nuevas y mejorar las existentes. Y, por supuesto, eliminar algunas que pasan a ser obsoletas. Cualquiera de estas acciones, si son tendientes a mejorar la administración pública, siempre son bienvenidas. Y, por supuesto, deben estar en el escrutinio del público dichos cambios. Cuando estas acciones de evolución del gobierno se generan a partir de análisis, propuestas y el consenso público, aunque salgan mal, son perfectamente bienvenidas como mejoras con carácter humano, con lo que esto implica: la falibilidad de estas. Es decir, recordar que están hechas por seres humanos y errare humanum est.

Dicho eso, quienes mantenemos una crítica constante a las autoridades cuestionamos no solo el origen de las modificaciones que está haciendo a las instituciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también el destino y las consecuencias a ojos vistas de estas. Desde que entró al poder, su decisión de eliminar instituciones que a él le parecen inútiles con el fin de incrementar los presupuestos de otras dependencias o de las nuevas instituciones creadas por él, es totalmente preocupante y cuestionable. Muchas de estas instituciones fueron modificadas o eliminadas por un plumazo en su escritorio producto de una ocurrencia o de un capricho. Incluso en algunos casos por una negligencia. Negligencias por las que incluso pequeños enfermos de cáncer pagaron las consecuencias. Mujeres que contaban con refugios contra la violencia de género se quedaron en la calle. El turismo perdió impulso. La educación está en caída. El sistema de salud se colapsa. El campo está más descobijado que nunca. Los desastres naturales están desgarrando nuestro territorio. Sus reformas han sido, cuando menos, letales.

Este monero, cuando escuchó que el tren Maya había sido inaugurado en un tramo, se dio cuenta de que un tren de malas reformas e instituciones destruidas ya había sido inaugurado al principio de su mandato. No hubo consenso, no hubo mejores opciones, no hubo análisis y, en muchos casos, no hubo ni oposición.

Y todavía, para colmo de males, no quiere detenerse ahí. Con el amplio apoyo que acaba de recibir de parte del movimiento ciudadano, el presidente hoy se siente con la fuerza y la capacidad de volver a embestir contra las instituciones que aún tiene en la mira, como el INAI, el IFT y la COFECE. Y, por supuesto, que si lo logra, después seguiría el INE. El INE y el INAI son dos columnas que sostienen la golpeada y raquítica democracia de nuestra nación. Todos sabemos que si cae el INE significa la llegada del autoritarismo y la tiranía completamente a nuestro estado. Y al destruir el INAI, quedarán cubiertas todas las fechorías y corruptelas que realizó él, su familia y su equipo durante su gobierno. Por ello, la urgencia de defender esta gran fuente de información ciudadana, que en muchas ocasiones ha servido para desenmascarar los grandes escándalos de los últimos años. Es menester que protejamos a esta institución, puesto que significa quedarnos sin la posibilidad de perseguir judicialmente a quienes mermaron las arcas de la nación, pero también porque sería la última barrera para evitar que destruya también a nuestro Instituto Nacional Electoral, como lo ha venido intentando, a pesar de que destruyéndolo significa el fin de la democracia mexicana.