Un Congreso que recomienza, y la protesta añeja que no suelta el agravio

Hay momentos en la vida pública en los que una institución no solamente rinde cuentas de lo que hizo, sino que también revela el momento político que atraviesa. El informe del Congreso del Estado celebrado el viernes pasado fue uno de esos momentos. Más allá de las cifras, de las iniciativas aprobadas y de los asuntos que ocuparon buena parte de la agenda legislativa durante este último año, el acto dejó sobre la mesa una discusión que va mucho más allá de los muros del recinto: hasta dónde puede llegar la protesta ciudadana, qué significa realmente ejercer la libertad de expresión y en qué momento la legítima inconformidad comienza a convertirse en una forma de confrontación que termina por desvirtuar aquello que originalmente pretendía defender.

No es menor que en primera fila, frente a quienes acudieron al informe precisamente para denostarlo, la presidenta de la Directiva, Sara Rocha, haya planteado una postura que, en términos democráticos, resulta difícil de objetar: el Congreso no tiene problema alguno con escuchar las voces críticas, con recibir a quienes no están de acuerdo con sus decisiones ni con admitir que existen ciudadanos que consideran equivocadas algunas de las reformas aprobadas. Esa debería ser la esencia de un Poder Legislativo. Los diputados no fueron electos para escuchar únicamente aplausos y, mucho menos, para pretender que toda decisión que emana de sus curules sea incuestionable.

Pero escuchar no significa someterse y disentir tampoco significa agredir, provocar o mofarse a niveles soeces de cualquier persona que tengan enfrente.

Ahí está, quizá, el punto que quedó más expuesto durante la ceremonia del informe. Y es que una cosa es acudir con una pancarta, tomar la palabra, cuestionar una reforma, exigir explicaciones o incluso reclamarle públicamente a un legislador aquello que se considere una injusticia; otra muy distinta es convertir el recinto en escenario de provocaciones, agravios, señalamientos personales o acciones que terminen afectando el desarrollo de una sesión o la integridad de quienes ahí se encuentran. Y no se trata de defender a ningún diputado, sino de poner sobre la mesa las reglas mínimas que permiten que una sociedad pueda convivir con sus diferencias.

En los últimos meses hemos visto aparecer una forma de activismo que ha encontrado en la confrontación una especie de lenguaje propio. El nombre de Natalia Castillo aparece recurrentemente en distintos episodios de protesta, algunos de ellos relacionados con causas perfectamente legítimas y que merecen ser escuchadas. Su participación en asuntos como el caso de Cerritos, por ejemplo, puede entenderse desde su ejercicio profesional como abogada y desde su derecho a brindar acompañamiento o representación a quien considere que lo necesita. Nadie debería cuestionar que una ciudadana ejerza sus conocimientos, su profesión o sus convicciones para defender una causa.

El problema comienza cuando la causa deja de ser el centro y la confrontación visceral o soberbia se convierte en el mensaje.

La discusión alrededor de la llamada “Ley Serrano” fue quizá el ejemplo más visible. Hubo cuestionamientos jurídicos, políticos y sociales a la legislación relacionada con la inteligencia artificial; hubo movilizaciones y hubo un debate que alcanzó dimensiones que trascendieron al propio Congreso. Pero aquella protesta también terminó con la irrupción de manifestantes (incluso alcoholizados) en el recinto legislativo y la suspensión de una sesión. El reclamo podía ser legítimo; las formas utilizadas para expresarlo son otra discusión. Y esa distinción importa en una democracia: no todo aquello que se hace en nombre de una causa queda automáticamente legitimado por la causa misma.

También hemos visto esa misma lógica trasladarse a otros conflictos, a otros personajes y hasta a otros escenarios que, vistos individualmente, parecerían no tener relación entre sí. Cuando una misma forma de confrontación aparece una y otra vez frente al Gobierno, frente al Congreso, frente a funcionarios, frente a abogados, frente a organizaciones o incluso en asuntos que terminan mezclándose con disputas de naturaleza política o privada, resulta inevitable preguntarse si todavía estamos frente a una agenda concreta de transformación o si la protesta terminó convirtiéndose en un fin en sí mismo.

Y esa es una pregunta que no pretende descalificar a nadie. Es, precisamente, una pregunta política.

Es decir, también existe una diferencia entre ejercer la libertad de expresión y asumir que esa libertad otorga inmunidad para insultar, hostigar o intimidar. La Constitución protege el derecho a expresar incluso las ideas que incomodan, irritan o molestan; no convierte, sin embargo, el agravio personal en una obligación de los demás ni permite que los derechos de una persona desaparezcan frente a los derechos de otra.

Los legisladores, los servidores públicos, los periodistas, los abogados, los activistas y cualquier ciudadano tienen exactamente el mismo derecho a la dignidad.

Por eso resulta pertinente el pronunciamiento que hizo este fin de semana el propio Congreso, al condenar las conductas registradas durante el informe y advertir que analiza emprender las acciones legales correspondientes. No tendría que interpretarse como un intento de silenciar la protesta. Por el contrario, puede entenderse como la defensa de una frontera necesaria: manifestarse sí; cuestionar sí; incomodar al poder, también. Lo que no puede convertirse en normalidad es la amenaza, la agresión o el daño a un espacio que, conviene recordarlo, no pertenece a los diputados en turno, sino a la representación popular de todos los potosinos.

Y dicho esto, sería injusto que una rendición de cuentas quedara reducida a los gritos, muecas, risotadas, chiflidos o cualquiera de las provocaciones que se hicieron eco desde la primera fila. Porque mientras algunas personas acudieron al recinto a reclamar que se hablara de reformas que ya fueron modificadas, replanteadas o que dejaron de existir jurídicamente, el Poder Legislativo estaba haciendo precisamente aquello para lo que existe: legislar, discutir, reformar, aprobar, corregir, derogar y, cuando las circunstancias lo exigen, volver sobre sus propias decisiones.

Ese es quizá uno de los aspectos más importantes que deja este cierre de año. La reforma electoral, por ejemplo, atravesó un proceso de controversia y posteriormente fue modificada. El Congreso no quedó congelado en diciembre ni obligado a defender eternamente una decisión solamente porque alguna vez la hubiera aprobado. La legislación cambió, se replantearon disposiciones y se volvió a discutir el contenido de la norma. Eso no necesariamente significa que todo se haya hecho bien desde el principio; significa que el proceso legislativo, como cualquier proceso democrático, tiene mecanismos para corregir, ajustar y rectificar.

Y lo mismo puede decirse del conjunto de asuntos que pasaron durante este periodo: leyes de ingresos, justicia cívica, protección de niñas, niños y adolescentes, alimentos, extorsión, simplificación administrativa, seguridad, derechos sociales y diversas reformas constitucionales y legales. Se puede discutir la calidad de cada una de ellas, cuestionar sus alcances y exigir resultados. Eso es parte de la rendición de cuentas. Pero negar que hubo trabajo legislativo porque el debate público estuvo dominado por algunos conflictos sería tan injusto como pretender que un informe institucional debe convertirse en un catálogo de triunfos sin reconocer los errores, las controversias y las rectificaciones.

El Congreso llega, entonces, al tercer año de esta Legislatura con algo que quizá vale más que cualquier discurso: la posibilidad de cierre.

No porque hayan desaparecido las diferencias ni porque quienes están inconformes tengan que dejar de cuestionar. Al contrario. Las democracias necesitan ciudadanos incómodos, periodistas incómodos, organizaciones incómodas y legisladores capaces de soportar la incomodidad de que sus decisiones sean revisadas públicamente. Lo que necesita cambiar es la forma de relacionarnos con esa diferencia. Cuando la protesta necesita permanentemente un enemigo, cuando cada desacuerdo termina convertido en una confrontación personal y cuando el volumen de la voz comienza a sustituir a la fuerza de los argumentos, la causa corre el riesgo de perderse detrás del ruido.

El tercer año legislativo ofrece pues una oportunidad para todos. Para el Legislativo, para demostrar que puede escuchar sin encerrarse, corregir sin asumirlo como derrota, legislar con apertura y responder con resultados. Y para quienes ejercen la crítica, para demostrar que la inconformidad también puede tener altura, que una causa no necesita de la intimidación para ser legítima y que la fuerza de un argumento no depende de cuánto consiga incomodar al adversario.

Quizá ese sea el verdadero saldo político de este informe. No quién consiguió callar a quién, ni quién gritó más fuerte, ni quién intentó convertir una ceremonia institucional en otro episodio de confrontación.

Dejemos algo claro: un representante popular que escucha no es débil. Y una sociedad que protesta no necesita convertirse en un frente que solo sabe agredir, gritar, o poner el dedo en las narices de quien sea. Entre ambas cosas existe un espacio abismal llamado democracia.

Justo ahí, es donde debería comenzar el tercer año.