Uber paga registro en SLP pero unidades siguen sin autorización

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 29 de octubre de 2026.- Después de 10 años de operación, controversias legales y confrontaciones con el gremio taxista, Uber dio un nuevo paso hacia su regularización en San Luis Potosí al solicitar su registro y cubrir los derechos correspondientes como empresa. Sin embargo, todavía debe registrar a sus conductores y vehículos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para completar el procedimiento.

La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, confirmó que la plataforma ya realizó el pago empresarial, aunque precisó que este trámite no sustituye las obligaciones individuales de los operadores ni el registro de las unidades que prestan el servicio.

“Ya Uber dio el primer paso, ya ellos solicitaron su registro, pagaron sus derechos como empresa. Les falta concluir el trámite presentando a sus operadores y dando de alta sus vehículos como la ley lo establece”, explicó.

De acuerdo con el artículo 70 Bis de la Ley de Hacienda del Estado, el registro de una empresa de redes de transporte tiene un costo de 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario vigente en 2026, de 117.31 pesos, el trámite equivale a 93 mil 848 pesos, mientras que el refrendo anual representa 80 mil 357.35 pesos. Estos son los montos legales de referencia y no una confirmación del importe exacto pagado por Uber.

El avance ocurre en un mercado que ha enfrentado diferencias entre el transporte tradicional y las aplicaciones digitales desde marzo de 2016, cuando Uber comenzó a operar en la entidad. Un año después, el Congreso estatal incorporó a las empresas de redes de transporte en la legislación local, con la intención de establecer condiciones para su funcionamiento y reducir los enfrentamientos entre prestadores del servicio.

No obstante, el conflicto continuó durante los años siguientes. En 2019, el Congreso aprobó reformas para incorporar el uso de aplicaciones al servicio de taxis en la zona metropolitana, mientras que en 2024 la SCT todavía sostenía que las plataformas no cumplían con los requisitos necesarios para operar regularmente en el estado.

Ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la legislación potosina relacionadas con las empresas de transporte por aplicación, entre ellas la obligación de establecer domicilio social y fiscal en el estado, lo que modificó parte del marco jurídico aplicable al sector.

Ahora, la SCT sostiene que la regularización puede abrir una nueva etapa de convivencia entre plataformas y taxistas, siempre que las empresas cumplan con las disposiciones estatales.

DiDi también inició acercamientos con la autoridad, solicitó información sobre los requisitos y deberá avanzar en el registro correspondiente. La funcionaria no confirmó que la compañía haya concluido el procedimiento.

En paralelo, los taxistas concesionados buscan adaptarse a las nuevas condiciones del mercado mediante Mi Taxi, una aplicación impulsada por el Gobierno estatal para que los usuarios puedan solicitar viajes a través de medios digitales.

La secretaria indicó que ya se han registrado servicios mediante esta herramienta, aunque no proporcionó cifras sobre el número de viajes, conductores activos o usuarios de la plataforma.

El impacto económico de la regularización va más allá del pago de derechos. Para los conductores implica cumplir requisitos administrativos y de operación, mientras que para las empresas supone incorporar sus vehículos a un padrón supervisado por la autoridad. Para los usuarios, el proceso podría traducirse en mayor certeza sobre la identificación de quienes prestan el servicio.

El transporte también tiene relevancia dentro del mercado laboral potosino. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al cierre de 2025 San Luis Potosí registró aproximadamente 1.3 millones de personas ocupadas, además de 166 mil en condiciones de subocupación, equivalentes al 13.1 por ciento de la población ocupada. Estas cifras describen el contexto general del empleo en la entidad, pero no corresponden específicamente a conductores de plataformas.

Uno de los principales pendientes es conocer cuántos vehículos y operadores participan realmente en el mercado de transporte por aplicación, ya que la SCT no ha dado a conocer un padrón actualizado que permita dimensionar su peso económico en San Luis Potosí.

Para avanzar en ese diagnóstico, la dependencia realiza un estudio de factibilidad con apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), mediante el cual busca determinar cuántas unidades de plataformas digitales, taxis y otras modalidades pueden prestar servicio en la entidad.

El análisis deberá considerar la demanda de transporte y las condiciones de operación de las distintas modalidades, antes de que la autoridad determine las medidas que correspondan.

La funcionaria sostuvo que el objetivo es establecer condiciones de competencia más equitativas sin desconocer el derecho al trabajo de quienes dependen económicamente del transporte.

A una década de la llegada de Uber a San Luis Potosí, el desafío ya no consiste únicamente en permitir la operación de las aplicaciones, sino en definir bajo qué condiciones podrán competir, cuántos vehículos podrán incorporarse y cómo se garantizará la seguridad de los usuarios.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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