El Listón Amarillo
La educación en Michoacán se encuentra en una encrucijada histórica. Después de décadas de gestión vertical, opaca y frecuentemente capturada por intereses corporativos, el sistema educativo estatal requiere una transformación profunda en sus mecanismos de gobierno. No se trata simplemente de mejorar la administración escolar o de incrementar el presupuesto educativo, aunque ambos elementos sean necesarios. El desafío es más fundamental: transitar de formas pretéritas y autoritarias de ejercer la autoridad hacia un modelo genuino de gobernanza participativa que coloque en el centro los derechos de niñas, niños y jóvenes michoacanos.
El Banco Mundial, a través de su proyecto Worldwide Governance Indicators, ha desarrollado un marco conceptual robusto para entender y medir la gobernanza en sus múltiples dimensiones. Este modelo define la gobernanza como las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país, incluyendo los procesos a través de los cuales se seleccionan, monitorean y reemplazan gobiernos, la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas sólidas, y el respeto de ciudadanos e instituciones hacia las normas que rigen las interacciones económicas y sociales.
Las seis dimensiones del modelo WGI ofrecen un prisma analítico particularmente útil para diagnosticar los males del sistema educativo michoacano. La primera dimensión, Voz y Rendición de Cuentas, mide el grado en que los ciudadanos pueden participar en la selección de sus autoridades, así como la libertad de expresión, de asociación y la existencia de medios libres. La segunda, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, captura la percepción sobre la probabilidad de inestabilidad política o violencia, incluido el terrorismo. La tercera dimensión, Efectividad Gubernamental, evalúa la calidad de los servicios públicos, la capacidad de la función pública, la independencia de las presiones políticas y la credibilidad del compromiso gubernamental.
La cuarta dimensión, Calidad Regulatoria, mide la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas. La quinta, Estado de Derecho, captura la confianza de los agentes en las reglas de la sociedad, particularmente la calidad del cumplimiento de contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de crimen y violencia. Finalmente, Control de la Corrupción mide el grado en que el poder público se ejerce para beneficio privado, incluyendo la captura del Estado por élites e intereses privados.
Cuando extrapolamos este modelo hacia el sistema educativo michoacano, el diagnóstico resulta preocupante en prácticamente todas las dimensiones. En términos de Voz y Rendición de Cuentas, las comunidades escolares han estado históricamente excluidas de las decisiones fundamentales. Los padres y madres de familia carecen de mecanismos efectivos para exigir cuentas. Los consejos de participación social son en la mayoría de los casos estructuras formales sin poder real. Los maestros comprometidos con la calidad educativa enfrentan estructuras sindicales verticales que privilegian la lealtad política sobre el mérito pedagógico. La opacidad en la información educativa es la norma.
La dimensión de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia adquiere características particulares en el contexto educativo michoacano. Conflictos magisteriales, paros y movilizaciones interrumpen el calendario escolar. La presencia del crimen organizado genera un ambiente de incertidumbre que erosiona sistemáticamente el derecho a aprender. Cada ciclo escolar perdido representa una violación flagrante al derecho humano a la educación. La violencia no es solo la que se ejerce con armas; también lo es privar del derecho a aprender.
Respecto a la Efectividad Gubernamental, el sistema educativo michoacano exhibe fallas estructurales profundas. La Secretaría de Educación ha operado con capacidades técnicas limitadas, alta rotación de funcionarios y frecuente subordinación a intereses políticos y sindicales. La formulación de políticas educativas raramente se basa en evidencia rigurosa. La implementación es errática, sin seguimiento ni evaluación. Programas educativos se anuncian pero no llegan efectivamente a las aulas.
La Calidad Regulatoria es igualmente deficiente. Las regulaciones son contradictorias u obsoletas. Las normas sobre infraestructura escolar se incumplen sistemáticamente. La asignación de plazas docentes sigue capturada por redes de corrupción y clientelismo. La innovación pedagógica enfrenta trabas burocráticas insuperables.
El Estado de Derecho es quizá la dimensión más erosionada. Las leyes se aplican selectivamente. Los derechos laborales de los maestros se respetan de manera desigual. Los derechos educativos de los estudiantes se violan cotidianamente sin consecuencia alguna. Contratos públicos se otorgan sin procesos transparentes. Recomendaciones de derechos humanos no se ejecutan.
Finalmente, el Control de la Corrupción representa uno de los desafíos más graves. Desde el desvío de recursos, la venta de plazas docentes, la simulación en la entrega de materiales hasta las “cuotas” ilegales, la corrupción permea el sistema en todos sus niveles.
La transición hacia un modelo genuino de gobernanza educativa es una obligación ética y jurídica. Un Consejo Estatal de Participación Escolar podría transformar radicalmente la gobernanza del sistema educativo michoacano. En Voz y Rendición de Cuentas, sería un espacio institucional donde converjan todas las voces educativas. Esta pluralidad garantizaría políticas educativas más democráticas.
El consejo debería operar con transparencia radical y rendir cuentas públicamente. Se convertiría en un mecanismo para que la autoridad educativa rinda cuentas efectivas a la sociedad. Empoderaría a las comunidades escolares para exigir derechos y participar informadamente.
En Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, un consejo con legitimidad social y técnica podría reducir la conflictividad. Canalizaría demandas que hoy se expresan en paros. Construiría consensos sobre el rumbo educativo del estado.
Particularmente relevante es educar y aprender en paz. Michoacán enfrenta violencias complejas que impactan el ambiente escolar. Un consejo podría impulsar políticas integrales de convivencia pacífica, mediación de conflictos, protocolos de seguridad escolar y educación socioemocional.
Respecto a la Efectividad Gubernamental, un consejo con permanencia institucional permitiría dar continuidad a políticas educativas efectivas. Fortalecería la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas basadas en evidencia.
¡Digamos sí a la gobernanza educativa!




