Presupuesto 2026, luces y sombras.

La asignación de un presupuesto digno y estratégico para la educación en Michoacán es la inversión más rentable para la transformación social y el desarrollo futuro de la entidad. La educación es, por definición, un derecho humano que debe ser exigible, medible y mejorable. La fortaleza de destinar fondos suficientes radica en su potencial para garantizar el acceso universal a todos los niveles educativos, desde la básica hasta la superior.

Esta inversión es fundamental porque la educación es el principal motor de movilidad social y desarrollo económico. Al elevar el nivel de escolaridad y la excelencia educativa se generan círculos virtuosos que se traducen en mayores ingresos, innovación y un desarrollo integral para Michoacán. El compromiso presupuestal, cuando es efectivo y transparente, debe asegurar la mejora de la infraestructura educativa y el fortalecimiento de becas, permitiendo que cada persona desarrolle su potencial y construya un destino propio, libre de las ataduras de su origen. La inversión sostenida y estratégica en educación cimentará el futuro próspero y justo que Michoacán necesita.

Mexicanos Primero Michoacán, desde su fundación en 2009, ha revisado en dieciséis ocasiones previas el presupuesto destinado a la educación en la entidad federativa, en el cual se presenta como constante que las promesas de transformación en Michoacán se desvanecen ante la fría realidad del gasto público. El Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2026, que asciende a $107,884,611,261.00, se presenta como el pináculo de la disciplina fiscal. Sin embargo, al examinar sus cifras, se revela un documento que consolida la dependencia y subordinación de nuestra entidad federativa hacia el gobierno federal, prioriza la imagen y la percepción sobre la justicia social y establece una deuda insostenible con las generaciones futuras.

Es imprescindible reconocer los pasos que se presumen como avances en la estabilidad económica. El gobierno afirma haber reducido "pasivos históricos superiores a 10 mil millones de pesos" y presume una política de "austeridad republicana". Además, se destaca un incremento nominal del 8% , consistente en $2,500 millones para la Secretaría de Educación (SEE), con una asignación multimillonaria para Servicios Personales, prometiendo bienestar laboral y pago puntual. Se garantiza el presupuesto pleno para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) con más de $4,850 millones. Nominalmente, se celebra un aumento en la recaudación propia de más del 30%.

No obstante, esta narrativa se sostiene sobre bases de cristal. A pesar del alarde de autosuficiencia, Michoacán sigue dependiendo en un abrumador 90.46% de los recursos federales. El aumento presupuestal del 9% es mínimo si se considera la inflación y las vastas necesidades sociales que arrastra el estado, máxime el clima de violencia e inseguridad que prevalece, el cual ha obligado al establecimiento del denominado Plan Michoacán, que debería de asegurar una inyección inmensa de recursos para revertir las causas fundantes de la incidencia delictiva en la entidad federativa. La aclamada garantía presupuestal para la educación, que busca asegurar la nómina magisterial, en el convenio que se realiza en el marco del Programa Presupuestal U-080, queda condicionada al estar "limitado a los recursos financieros reales del Gobierno del Estado". Esta promesa condicionada traslada una vez más la responsabilidad a la negociación federal, manteniendo la educación michoacana en los "terrenos de la voluntad política y de la discrecionalidad".

La contradicción más lacerante se manifiesta en la priorización del gasto. Mientras se esgrime el discurso de la "austeridad", el presupuesto destina recursos cuantiosos a la autopromoción y la burocracia política, en detrimento directo de los sectores más vulnerables.

La Coordinación de Comunicación recibe $240,547,529 para propaganda gubernamental, y se crea la "Cuarta República Editorial de Michoacán" con $14 millones. Este derroche en imagen es moralmente indefendible cuando se contrasta con un presupuesto exiguo destinadas a áreas vitales. Por ejemplo, el presupuesto de la Oficina del Ejecutivo del Estado es de $371 millones, una cifra superior a la asignada a la Secretaría del Bienestar, que solo dispone de $360 millones para combatir la pobreza en un estado donde el 46.3% de la población vive en esa condición.

Esta asimetría se repite, cuando vemos situaciones como las siguientes: el Parque Zoológico Benito Juárez recibe $81 millones, una cifra más de cinco veces mayor que los $15.5 millones asignados al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI). Sin menoscabar las necesidades alimentarias de seres sintientes, es manifiesto que se prioriza la fauna en cautiverio sobre la formación de capital humano y el desarrollo de la innovación.  El Instituto de la Juventud Michoacana recibe apenas $41 millones para atender a más de 1.5 millones de jóvenes y la Casa del Adulto Mayor recibe apenas $3.3 millones para toda la población de la tercera edad en el estado.

Estos datos evidencian que el Presupuesto 2026 no es un instrumento de justicia social, sino que es una serie de actos de autoridad que castigan el futuro y privilegian el aparato político. Lo anterior se manifiesta también en el manejo de la deuda. Se presume un saneamiento financiero, pero el servicio de la deuda por sí solo consume $3,340 millones anuales, una cantidad equivalente al presupuesto completo de obras públicas de la SCOP, que sin duda alcanzaría para construir más de seis mil aulas, lo cual duplicaría la capacidad de atención en las escuelas michoacanas, en una entidad que se caracteriza por tener una gran cantidad de niñas, niños y jóvenes fuera de las aulas en la entidad federativa.

La crisis de la educación, que se arrastra por décadas, se ve agravada por estas omisiones. La inversión educativa se enfoca casi por completo en servicios personales, dejando una porción insignificante para infraestructura, equipamiento, conectividad y la dignificación real de los planteles. El problema es que el gobierno ha sido abiertamente omiso en hablar de aprendizajes, mucho más aún, en evaluarlos y difundirlos. Sin diagnósticos, metas ni indicadores de logro, la inversión multimillonaria en la SEE carece de rumbo y no garantiza el derecho fundamental a aprender.

En materia de seguridad, que es crucial para garantizar el derecho a estar en la escuela, la dependencia federal es casi total (95.3% de $57 mil millones del Plan por la Paz), con una aportación estatal de solo $2,700 millones. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública recibe $5,054 millones, pero se admite que "persisten zonas de vulnerabilidad" y la percepción de inseguridad es un problema. Sin seguridad es imposible garantizar ciclos escolares completos.

El Presupuesto 2026, tal como está dictaminado, es un ejercicio de simulación, de maquillaje de cifras y de propaganda. No obstante, como ciudadanos y defensores de los derechos humanos de la niñez, tenemos el deber de exigir y proponer un camino de acción que revierta esta inercia y convierta los recursos en verdadera prosperidad. La transformación educativa de Michoacán es posible, pero requiere de un presupuesto ético, transparente y valiente.

1.  Redirección Ética del Gasto para Poner a la Niñez en el Centro.  Debemos desmantelar el dispendio recortando radicalmente el gasto en propaganda. Los $240 millones de comunicación y los $14 millones de la editorial deben ser reasignados de inmediato a la educación básica y la infraestructura escolar. Es un imperativo ético invertir en ciencia, aumentando la asignación del ICTI y en la Secretaría del Bienestar, destinando recursos proporcionales a la magnitud de la pobreza en el estado, pero con política social integral, no solo con dispersión de becas y apoyos que no resuelven las carencias sociales ni la situación de pobreza de los individuos, sirviendo solo para paliar parcialmente alguna de las necesidades más emergentes.

2.  Garantía Irrestricta del Derecho a Estar, Aprender y Participar. El Artículo 10 debe ser modificado para eliminar la condicionalidad de los fondos educativos, asegurando que la educación sea una obligación incondicional del Estado. El aumento del 8% a la SEE debe etiquetarse para infraestructura, servicios básicos, como agua, electricidad y sanitarios, así como conectividad, combatiendo la desigualdad territorial. Es urgente crear un plan de cobertura y permanencia para jóvenes en riesgo, duplicando la matrícula en niveles medio superior y superior para alcanzar trayectorias educativas completas.

3.  Medir el Aprendizaje y la Efectividad del Gasto. Para garantizar que la inversión se traduzca en resultados, el gobierno debe dejar de ser omiso en hablar de aprendizajes. Se requiere implementar un Sistema Estatal de Evaluación de Aprendizajes que mida el nivel de logro de cada estudiante.  Además, es crucial construir la plataforma de transparencia educativa el llamado "clasómetro" para reportar el tiempo efectivo de clases día por día, escuela por escuela, y exhibir las incidencias y motivos de suspensión, honrando la verdad y garantizando la rendición de cuentas.

El Presupuesto 2026 es mucho más que un documento contable; es un espejo que refleja si honramos o traicionamos nuestra vocación histórica como cuna de la educación y el pensamiento social. Si continuamos invirtiendo en la imagen en lugar de los cimientos, si hipotecamos el futuro con deuda opaca y si mantenemos a nuestra juventud en la precariedad de aulas sin dignidad ni aprendizajes medibles, condenaremos a Michoacán a la inmovilidad social y a la desesperanza.

El derecho a la educación es el único camino para que el origen no sea destino. El momento de la rectificación es ahora, con la valentía de poner los derechos de la niñez por encima de cualquier interés político o clientelar. El futuro de Michoacán se juega en cada peso de este presupuesto.