Normar con orden

En días recientes hemos sido testigos que iniciativas de ley, una vez aprobadas y decretadas o promulgadas, son suspendidas; eso como consecuente formulación y aprobación hechas bajo la sombrilla de una pretensiosa aceptación absoluta de la sociedad.
Ese puede ser el caso del anteproyecto de ley para Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, que CONACYT ha depositado en Palacio Nacional hacia una posible inclusión en la agenda legislativa.
Ya está el caso del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, mismo que requirió enmienda a tan sólo 6 meses de haberse publicado en el DOF, mas las que, posiblemente, falten si se sigue normando sin calma; lo que ha implicado descuidos como el caso de discriminación.
Huey Tlatoani sigue, como desde hace lustros, viendo complot por doquier, siempre con componentes y discusión electoreras, de lo que sí sabe.
Empero, si se ve con detalle, no es por quienes le adversan que se retroceden o suspenden sus intenciones legislativas cuatroteístas, toda vez que han pasado otras de sus iniciativas, sino que las hacen sin cuidado de la ley misma.
La normatividad mexicana es muy compleja y todas las aristas de ésta deben ser cuidadosamente atendidas, por ello la experiencia es muy relevante para no dar pisarse las agujetas.
Hay inexperiencia, pero no sólo en el gobierno federal.
En derecho público, la omisión también es un descuido normativo, que, en algunos casos, puede implicar responsabilidad legal, lo cual atrae la atención a los gobiernos estatales.
Los entes locales para la CTI sólo subsisten y, además, tienen una dispersión variada de figuras jurídicas que entorpece su operatividad conjunta; aunque exista la REDNACECYT, que poco hace.
En algunos gobiernos locales son secretarias, en otros son dependencias de secretarias como la de desarrollo económico o la de educación pública estatal, etcétera.
El financiamiento de la operación de los entes locales es muy bajo propiciando una enorme dependencia del CONACYT; quedan maniatados para fomentar la generación de productos y satisfactores desde la CTI.
Es decir, no se promueven ni fomentan soluciones a necesidades locales.
No es infrecuente la confusión donde se promueve que los recursos locales son para instituciones locales de vocación en la CTI; es un despropósito pues las soluciones de la CTI requieren a profesionales altamente especializados, quienes pueden estar en cualquier parte de México.
Normar con orden no es por definición ambigua de un sistema nacional de CTI, como se define en el anteproyecto de CONACYT; si operara un sistema nacional verdadero entonces el hecho podría normarse, pero por decreto o imposición no sucederá, sobre todo sin programas de financiamiento público o de promoción para la inversión privada.
Normar con orden, pues, significa respetar la norma actual, atender todas las aristas de ley y los diferentes niveles y ámbitos de actos públicos.
Una implicación es la acción política hacia construcción de concesos, de gestión y visión holística.
Sin ser excluyente, el caso directo está en las implicaciones de la vigente Ley General de Educación Superior, LGES, toda vez que hay un traslape natural entre la formación de recursos humanos competitivos con docentes actualizados y, al menos, generadores conocimiento.
La intersección normativa es clara para quienes hacen su día a día en las instituciones de educación superior que otorgan grados de maestría y doctorado, ya Universidades, ya el Instituto Tecnológico Nacional o los Centros Públicos de Investigación.
Si CONACYT pierde este hecho de vista, sólo retroalimentará la idea de complot cuando es descuido.
No conozco una sola persona dedicada a la CTI que no desee un mejor sistema para la CTI mexicana; hay diferentes ideas, una mas experimentadas y otras desinformadas, pero ese es un capital que CONACYT desaprovecha para dar pasos hacia una norma ordenada y ordenadora en esta materia.
En CTI, como en otras materias, si se norma desordenadamente podrían otorgarse suspensiones.