Niños guardias, cinco estados en crisis y seguridad local rebasada

Con apoyo a Sergio Aguayo, Ciro Gómez Leyva y Héctor de Mauleón, con argumento de Zarco: la opinión puede ser un error, pero nunca un delito.

La aparición de niños como guardias comunitarios en un municipio de Guerrero debe leerse por el efecto mediático: carecen de entrenamiento, no se manejan armas con sólo tenerlas en las manos y los rifles exhibidos seguro ni siquiera funcionan. Los primeros enfrentamientos con malandrines serán una masacre.

En todo caso, el efecto mediático debe llevar la mirada crítica a las autoridades municipales y estatales de Guerrero, sobre cuya incapacidad debe recaer el hartazgo de comunidades sociales que los lleva a armarse en autodefensas. Nada han hecho los gobiernos estatales de Guerrero y Michoacán desde hace treinta años para construir tres instrumentos indispensables de seguridad: marco legal, policías profesionales y oficinas de inteligencia.

Cinco entidades con delitos arriba de 100 mil al año conjuntan el 48.6% de los activos delictivos: Estado de México (PRI), Ciudad de México (Morena), Jalisco (Movimiento Ciudadano), Guanajuato (PAN) y Baja California (PAN y apenas Morena). Guerrero (PRI) y Michoacán (PRD) tienen menores delitos (27 mil 346 y 45 mil 377, respectivamente), pero su crisis de aparato de seguridad ha llevado a autodefensas.

El asunto de la inseguridad, por tanto, no es de partidos, sino de los gobernantes. De todos los anteriores Guanajuato ha sido la sorpresa en materia de inseguridad en tiempos relativamente recientes y con el cártel de El Marro como detonador. La disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación corresponde a las autoridades federales, pero con el dato fundamental de que ni el Marro ni el CJNG habrían podido instalarse en la región sin el apoyo, complicidad o apatía de las autoridades estatales y municipales.

Los cárteles, bandas y grupos delictivos y sus prácticas delincuenciales en diferentes rubros de la actividad económica han sido posibles por la inexistencia de autoridades de seguridad locales. Los nuevos delitos de extorsión, secuestros virtuales y cobro de protección y los viejos de picaderos o narcotienditas que estimulan el tráfico de drogas también han sido posibles por las complicidades de las policías estatales y municipales.

Si esas complicidades locales se detectaron desde los ochenta, en el 2008 el Acuerdo de Seguridad promovido por el gobierno de Felipe Calderón incluyó en sus 74 propuestas una que responsabilizaba a gobernadores y alcaldes a profesionalizar sus policías. Y la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno del presidente López Obrador en la reforma constitucional de la Guardia Nacional también puso plazos perentorios a los gobernadores y alcaldes para mejorar sus policías. A la fecha, si acaso, unos cinco estados han avanzado, aunque sin llegar a los niveles óptimos.

La aparición de niños como autodefensas en Chilapa de Alvarez, Guerrero, exhibió el fracaso estatal y la falta de cobertura municipal de la Guardia Nacional. El primer piso de los cuerpos de seguridad es el municipal, con el apoyo del estatal y al final el federal. Y hay casos de zonas controladas por el crimen organizado en que la Guardia Nacional tiene que defenderse primero de los aparatos municipales y estatales de seguridad antes que de los delincuentes.

Hasta ahora, gobernadores y alcaldes no han presentado, como lo ordena la Constitución en sus reformas de 2018, un informe de la capacidad de seguridad de sus cuerpos, funciones y marco legal. Y a ello se agrega otro defecto en la estrategia de seguridad: los tres niveles de gobierno carecen de capacidad económica para generar actividad productiva que aleje a los habitantes de los salarios altos del crimen organizado, además de que los negocios y fábricas que existen en algunas entidades son víctimas de la extorsión de bandas delictivas que no son combatidas por las estrategias estatales y municipales de seguridad.

Ninguna de las cinco entidades que encabezan el número de delitos ha presentado un plan local de seguridad, una depuración de sus cuerpos y nuevas formas de contratación con mejores controles de confianza. Las policías preventivas del Valle de México siguen extorsionando a ciudadanos por violaciones menores al reglamento cívico, en lugar de detectar, perseguir y desmantelar bandas del crimen organizado.

Los organismos civiles de observación de la inseguridad debieran hacer diagnósticos de los estados donde hay más delitos y exigirles a gobernadores y alcaldes a hacer más por la seguridad, a partir de la peor de las certezas: la Guardia Nacional no abatirá la inseguridad mientras policías locales sigan al servicio del crimen organizado.

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