Morelos, un estado de la patada

Serios problemas vive Morelos. La inseguridad provocó una caída estrepitosa en la plusvalía de los bienes raíces en toda la entidad. Cuernavaca, que fue la ciudad de “la eterna primavera”, se convirtió en la “ciudad de la eterna balacera”.

No es para menos. A la salida del perredista Graco Ramírez, que dejó un gobierno infame y en una crisis política, económica y se seguridad, con la llegada del futbolista Cuauhtémoc Blanco, esa crisis se agudizó.

Muchos mexicanos compraban sus casas en Cuernavaca, Temixco, Tepoztlán y otras localidades de la entidad, porque se distinguían por la paz y la concordia. Los robos eran raros, hasta el inicio de los años noventa. Se construyeron fraccionamientos de lujo y la prosperidad se notaba por todos lados. Había alegría y era un “detalle de distinción” el pasar el fin de semana en aquella ciudad.

Al paso de los años, aparecieron grupos de delincuentes que robaban casas sin violencia; sólo aparecían entre semana. Es más, la servidumbre vivía en las mansiones, mientras los “patrones” estaban en sus casas en la Ciudad de México.

Todo empezó a descomponerse en el gobierno del perredista Graco Ramírez, quien fue acusado de saquear a la entidad y dejar las finanzas públicas materialmente en el suelo. La deuda, por más de 10 mil millones de pesos, para el secretario de la Hacienda morelense, Alejandro Villarreal Gasca, era impagable.

Por ello, acudió a los mercados para solicitar dinero y cuando menos tener liquidez para la nómina.

En materia de seguridad, las cosas van de mal en peor. Todo hace indicar que no hay suficientes recursos para infraestructura, ni para seguridad.

En lo político, la guerra que tienen sus dos colaboradores más cercanos lleva a la crisis de poder en la administración pública. El hermano del Gobernador, Ulises Bravo Molina, es el que tiene bajo su control a varios diputados federales y locales, a quienes les da línea para legislar y cabildear temas, como divulgaron audios a principios de julio. El otro polo es Juan Manuel Sanz Rivera, su principal colaborador, quien hace y deshace al interior del gobierno. Da y quita concesiones como si fueran caramelos.

Los aliados que llevaron a la gubernatura a Blanco, en Morena y el PT, están cansados del trato del gobernador, por lo que prefieren obstaculizar cualquier acción que promueva el Ejecutivo Estatal.

Pablo Ojeda Cárdenas, hijo del exprocurador general de la República, Pedro Ojeda Paullada, con López Portillo, con maestría en Derecho en la Universidad de Berkeley, es otro de los factores de influencia en la entidad. Sin embargo, los enfrentamientos que tiene con Sanz y Ulises, llega a extremos de paralizar el aparato burocrático.

En pocas palabras, el gobierno de Temo, es un caos y, desafortunadamente, quienes salen perdiendo son los morelenses. Apostaron por un gobernador de la patada.

PODEROSOS CABALLEROS: Al cumplirse en tiempo y forma el plazo para realizar el mantenimiento mayor en algunos de los campos y estaciones de Pemex en el sureste mexicano, todo indica que la petrolera va por buen rumbo para alcanzar sus metas de producción, proyectadas en poco más de un millón 713 mil barriles diarios. Y es que a principios de octubre se llevó a cabo la Libranza Total, como técnicamente se le llama al procedimiento, al complejo Akal-C, el centro de procesamiento de gas más importante de la Sonda de Campeche, con lo cual se incrementa la capacidad de producción de crudo. El procedimiento fue operado por Cotemar; lo finalizaron antes de lo previsto, lo que habla de eficiencia operativa, este proyecto les valió un reconocimiento de Pemex. La libranza es un proceso complejo, que requiere de un alto grado de capacidades técnicas y humanas; cada etapa cuenta con diferentes grados de riesgo muy importantes porque, después de todo, se está trabajando en las instalaciones por las que transita el hidrocarburo, gas o aceite.

* Vaya embrollo en que se encuentra la nueva y flamante presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. La Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el artículo 9º, en los requisitos para ser presidente de la CNDH, reza textualmente: “No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”. Con la novedad de que en 2018 fue candidata a diputada federal por Morena, y fungió como secretaria de Derechos Humanos del Comité ejecutivo Nacional de ese partido, al que no había renunciado, sino hasta ayer. Afirmaba que no debe avergonzarse de su militancia en Morena. Nadie le pide que se avergüence de su militancia. Solo que se aplique a la ley. Si esto ocurriera, el Senado tendría que reparar el error, ya que Ibarra aceptó públicamente y hay testimonios que ella es funcionaria nacional de Morena. Si llega con una estela de violaciones a la ley, cómo va a defender los derechos humanos de los mexicanos sin matizar su simpatía partidista por el gobierno en el poder.

* Entre 20 y 40 agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) permanecen en Sonora, como apoyo a las averiguaciones que llevan a cabo la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República, en el caso de la masacre a la familia LeBarón. La fiscal sonorense, Claudia Contreras, sabe, ya que no le informan, que los agentes del FBI han viajado 2 veces a la zona de «La Morita», donde asesinaron a 3 mujeres y 6 niños. La incompetencia de los investigadores mexicanos llevó a aceptar la ayuda de los estadounidenses. Ellos, no se toparán con los criminales organizados. Ah, y del caso que cacarearon en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, los agentes si van armados. Es un cuento chino para ingenuos que los policías federales de EE.UU. andan en zonas de conflicto armado, lleno de narcotraficantes, sin armas de “grueso calibre”, como dicen los clásicos policíacos.

* La elección para un segundo periodo como rector de la UNAM, Enrique Graue, supone la atención inmediata de muchos problemas. Uno, de absoluta prioridad, es la normalización de las actividades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que han tenido un semestre desastroso por paros y cierres alentados por grupos a los que la directora, Angélica Cuéllar, “no ve ni oye”, como acusan académicos, alumnos y trabajadores. Otro, relacionado con el presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, cuya destitución exige la presidenta del Frente de Consejeros Azul y Oro, de nuestra Máxima Casa de Estudios, Lourdes Ojeda Serrano, por una serie de irregularidades que le imputa, y que ha denuncia ante las autoridades universitarias.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Fundación Cinépolis puso en marcha su programa Vamos Todos a Cinépolis. Es el programa social más antiguo de Cinépolis, empresa que preside Alejandro Ramírez. Se creó en 1998 con el objetivo de compartir la experiencia Cinépolis con los sectores más vulnerables de la sociedad, enfocados principalmente en niños y adultos mayores. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo social de México a través de tres ejes: salud visual, educación a través del cine y entretenimiento con sentido.

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