Brasil: cuando el populismo fracasa y pierde el poder
Ayer, 25 de octubre, se conmemoró el Día Naranja, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca generar conciencia y prevenir la violencia de género mediante acciones constantes el día 25 de cada mes. El color naranja simboliza un futuro brillante y libre de violencia, una meta que aún está lejos de alcanzarse, pero hacia la cual debemos seguir caminando con decisión y compromiso.
Esta conmemoración cobra especial relevancia ante los recientes casos de violencia reportados en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Sin embargo, la violencia de género no se limita a un solo espacio; ocurre cotidianamente en múltiples ámbitos, como lo confirman las estadísticas.
Desde hace años, numerosas instituciones públicas y privadas, así como colectivas feministas y organizaciones civiles, trabajan arduamente para construir una cultura de paz y erradicar la violencia. No obstante, estos esfuerzos deben reforzarse desde la escuela, espacio clave de socialización y formación de valores. Tal como señala González Luna (1998):

“El proceso de socialización que tiene lugar en la escuela, cargado de poder de sensibilización, está condicionado por el cruce de variables contextuales, como son la pertenencia a un grupo social, raza, sexo, así como las condiciones geopolíticas y el ciclo de vida en que se encuentran los individuos” (p. 51).
Vivimos en una sociedad que, lamentablemente, normaliza múltiples formas de violencia: juzgar a las mujeres por su forma de vestir, dejar de hablarles, revictimizarlas o cuestionarlas con frases como “¿y tú qué hiciste?”, “¿cómo ibas vestida?”, “andabas muy tarde” o “tomaste demasiado”. Estas actitudes no solo reflejan prejuicios, sino que perpetúan la desigualdad y obstaculizan la justicia.
En este contexto, resulta indispensable incorporar la perspectiva de género en todos los espacios sociales y educativos. Como afirma González Luna (1998):
“La perspectiva de género impacta a mujeres y a hombres y beneficia al conjunto de la sociedad, al establecer condiciones más equitativas para la participación en la vida social” (p. 57).
Asimismo, debemos fomentar en los estudiantes una cultura de la denuncia ante situaciones de violencia. De acuerdo con la abogada defensora de derechos humanos Raquel Adriana Aguirre, en México se registraron 284 mil denuncias por violencia de género en 2023; sin embargo, muchos casos no se denuncian por miedo a represalias. Este temor se agrava cuando las agresiones ocurren dentro de escuelas o centros de trabajo, donde quienes ejercen el poder —directivos, maestros o superiores jerárquicos— suelen ser los agresores y, paradójicamente, integran los propios comités de equidad de género.
A lo largo de mi trayectoria profesional he sido testigo —y también parte— de situaciones en las que las mujeres que alzan la voz o trabajan con autonomía enfrentan consecuencias. El precio suele ser la exclusión, el descrédito o el desplazamiento silencioso.
No debemos dejar de lado esta realidad. Debemos seguir insistiendo para que la justicia prevalezca y las autoridades dimensionen la gravedad de la violencia estructural. La injusticia y la insatisfacción social generan fracturas profundas y, en última instancia, movilizan a la ciudadanía en busca de un cambio.
Porque, como bien recordaba Henrik Ibsen (2014):
“Las auténticas revoluciones son siempre educativas” (Casa de muñecas, p. 15).
Que nuestras aulas, instituciones y conciencias sean entonces el punto de partida para esa revolución pacífica que anhelamos: la de una sociedad verdaderamente libre de violencia, donde educar sea también un acto de justicia y esperanza.
Referencias





