La viga criminal en el ojo presidencial

Después de que el Ejército intentó detener en Celaya al líder del grupo delictivo local más dañino, cateo derivado de que inteligencia federal (CNI) consideró probable presencia de dicho líder en “fiesta” que resultó pago de nómina, en el que el Ejército solicitó apoyo a autoridades de GTO hasta último momento, el presidente reclamó: “Se dejó crecer la delincuencia”. El viernes, al sufrir el Secretario de Seguridad de la CDMX atentado atribuido al CJNG –se sabía que inteligencia federal había detectado llamadas preparatorias de atentados-, el presidente exclamó:  “están haciendo su trabajo”, acá. Este lunes el presidente, ante liberación de familiares de aquel en GTO, vuelve al manejo faccioso, acusa, y omite referir falta de orden en cateo de militares e inacción de la FGR en operativo desastroso. El gobernador de GTO reclama desigual trato, y urge a despolitizar, y a atender unidos amenazas de delincuencia organizada que son contra todos. El presidente ve la paja en el ojo ajeno, y no ve viga criminal en el propio.

¿Quiénes dejaron crecer la delincuencia? Veamos: por la Constitución Política, las instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales, deben ser coordinadas y coordinarse para formular “programas y estrategias” de seguridad pública; y ejecutar, dar seguimiento y evaluar “estrategias y acciones” (Art. 7, de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Estas deben abarcar (i) prevención, e (ii) investigación de delitos, (iii) imposición de penas, y (iv), reinserción social de sancionados. Faculta al Secretario Ejecutivo del Sistema a verificar que “programas y estrategias” se coordinen entre sí, y preparar evaluación del cumplimiento de “estrategias y acciones del Sistema” (Art. 18). Esto hoy no se hace. Conforme a este marco normativo, AMLO es hoy el primer responsable de dejar crecer la delincuencia en el país los últimos 18 meses (igual que en Covid19). ¿Por qué?

Porque más allá de la impunidad de “Abrazos, no balazos” y dádivas económicas, que no disuaden a delincuentes, y sí los envalentonan -ahora hasta le tocan las narices-, hay desatenciones muy graves, a enlistar: La Ley de Seguridad Nacional considera amenazas a ésta los actos de delincuencia organizada, que su gobierno no atiende: a hidrocarburos, producción y tráfico de drogas, tráfico de personas y armas; a seguridad en aduanas, fronteras, puertos, aeropuertos, carreteras y demás vías federales; son su competencia La  obligación constitucional de hacer “investigación para la prevención” fue eliminada de reforma obradorista al Art. 21; se exigía esa inteligencia robusta, pero colapsaron al CISEN y apareció el CNI (como Insabi ante Seguro Popular, para empeorar). La inteligencia de Policía Federal fue aniquilada por maledicencia del titular de SEDENA peñista ante AMLO. Su piedra angular, la Guardia Nacional militarizada, es deficiente, insuficiente, un fraude constitucional. Y con su abuso del Ejército, ambos sobrecargados de tareas. Su “estrategia” anti-huachicol de arranque -inventada para tapar desastre de cierre de ductos y cancelación de importaciones-, solo funcionó contra robos desde dentro de refinerías (65%); pero robos subsisten en ductos -y plataformas marinas-, espacios en los que desde 2016 estalló violencia por desatención corrupta del director de PEMEX y por disputa entre cárteles, desatendidas por Peña Nieto, como ahora. Aparte liberación del chapito.

Los gobernadores no han construido capacidades suficientes: ministerios públicos, policías, peritos, y jueces. Tampoco alcaldes. Urge reforma hacendaria para redistribuir impuestos y financiar fortalezas locales con qué hacer frente a delincuencia. ¡Vea bien, presidente! ¡Y sea Jefe de Estado, no de una facción!