La selectiva agenda de doña Ernestina

Queda el registro sobre las razones de algunos prominentes legisladores panistas que dieron su voto para que Ernestina Godoy llegara a la Fiscalía General de la República. La decisión es incomprensible al menos por dos razones: primera, el PAN fue el obstáculo más firme y decidido para que Godoy no fuera ratificada por un periodo más en la Fiscalía de la Ciudad de México. López Obrador y Claudia Shienbaum, hicieron todo, lo bueno, malo y peor para lograrlo.

El PAN no la dejó pasar. Segunda, el desempeño en el primer periodo de la fiscal, el New York Times acreditó el 9 de noviembre de 2023, que había espiado no sólo a panistas destacados, sino también a relevantes morenistas distanciados o competidores de Claudia Sheinbaum, un caso evidente del uso político del aparato oficial de inteligencia criminal.

La dirigencia del PAN debe una explicación sobre las razones del voto de sus legisladores para que Ernestina Godoy reemplazara a Alejandro Gertz de cara a estos antecedentes. Morena tenía los votos, pero el PAN aportó legitimidad.

Un antecedente fue que la exfiscal de la Ciudad de México quien investigó al cartel inmobiliario que incriminaba a los ahora dirigentes, caso que duerme en el acervo de asuntos pendientes con detenciones de funcionarios menores; algunos de ellos incriminaron en sus declaraciones a sus superiores sin consecuencias judiciales.

El uso político de la justicia penal es el recurso más eficaz para amedrentar y controlar. No siempre se limita a eso, a veces procede al rudo encarcelamiento, como con Rosario Robles en un proceso pleno de irregularidades. Ahora Ernesto Ruffo actualiza el inventario de casos a modo, sin omitir el del rector de Campeche, José Abud, a quien en la vieja tradición policiaca le sembraron droga para obligarlo a renunciar a la dirección de la máxima casa de estudios.

El saldo del régimen obradorista es brutal y se robustece con los casos de uso de la justicia electoral para reprimir la libertad de expresión. Bajo estas condiciones el régimen pretende erigirse en última instancia para proteger el derecho de las audiencias frente al periodismo editorial e informativo en radio y tv. Las acciones de doña Ernestina y del régimen se actualizan con la persecución a exgobernadores, todos opositores del morenismo.

Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Ernesto Ruffo y, recientemente, Ángel Aguirre. No puede ignorarse que la denuncia del exfiscal Gertz Manero, en contra de la familia de la exmujer de su hermano Federico fue diligentemente atendida por la fiscal de la entidad. Muchos cargaron la mano al denunciante, casi nadie a quien ejercía la autoridad y era brazo ejecutor de una acción legal destacada por su parcialidad, exceso y sevicia. Lo emprendido adquiere relieve respecto a lo omitido.

El problema para el país y también para el régimen es que la impunidad se le vuelve en contra porque las expresiones más profundas y trascendentes de criminalidad permanecen y se expanden, a pesar de las acciones punitivas del gobierno contra criminales en territorio nacional. La impunidad significa que la protección política persista y que la corrupción se vaya extendiendo.

El régimen pierde sentido de los límites y al no haber acción correctiva, la autocontención pierde fuerza y sentido. Las condiciones de existencia del régimen se asocian a la impunidad. Si cae uno, caen muchos. La omisión expone al país ante el proceso judicial norteamericano contra narco-políticos. El embate viene en serio por la determinación de las autoridades y la fuerza de la evidencia; el riesgo implica no sólo al régimen político, sino a la nación.

Ante esto es incomprensible la omisión para proceder contra Rocha Moya y asociados, además de que la investigación del contrabando de combustible y robo de petróleo crudo en proporciones descomunales no ha sido atendida en su justa proporción.

El contrabando y el robo de crudo va en aumento, como se infiere de la investigación rigurosa e impecable de Francisco Barnés de Castro, divulgada por Carmen Aristegui en días recientes, evidencia que compromete al gobierno de López Obrador y al existente.

La selectiva agenda de doña Ernestina deja al descubierto la ausencia de justicia frente a temas fundamentales para el país, que se reafirma por el sometimiento del Poder Judicial Federal, y el uso político de las instituciones del Estado con un doble propósito, impunidad a los de casa y persecución sin reserva al opositor.