La revocación en Guanajuato y en México

La revocación de mandato, diseñada en la Constitución como instrumento ciudadano de quienes perdieron la confianza al presidente -o nunca le tuvieron-, no fue solicitada por desconfiados o incrédulos, sino por el mismo presidente y sus adoradores, manipulando la herramienta. La realizó el INE de manera cabal, ejemplar, el domingo pasado. A nivel nacional participó el 17.77% de ciudadanos, muy lejos del 40% exigido por la Constitución para obligar el resultado. En GTO solo participaron 431,052 ciudadanos: 9.48% de 4,545,520 empadronados. El 90.51 % de guanajuatenses no fuimos a farsa de consulta. Con nuestros vecinos de Jalisco, Aguascalientes y Querétaro compartimos la misma actitud, también estados norteños. En cambio, en los estados del sur -los de mayor analfabetismo y pobreza-, la participación fue relativamente mayor: Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo (del 20 al 32 %. Ninguno al 40%).

Los beneficiarios de programas pagados con nuestros impuestos fueron el 58% de los votantes. Los más, personas de más de 50 años, y con escolaridad básica. Purísima del Rincón, Gto. con 3.8% de participación, está entre los 10 municipios del país con menos votantes, similar a San Francisco del Rincón. Los de mayor participación en GTO fueron Salamanca, Santiago Maravatío, Atarjea, Jaral del Progreso, Xichú, Moroleón, Yuriria, Uriangato, Dr. Mora y Tierra Blanca; es, o donde gobierna Morena, o de los de más analfabetismo de la entidad; la 4t se desplomó. No obstante, AMLO dijo en su mañanera del Jueves Santo estar muy feliz porque en GTO la mayoría de los participantes votó porque siga. Round de sombra: nadie hizo campaña en su contra, a lo más se promovió abstención activa.

Las lecturas son contrastantes: La 4t festeja la ratificación; en tanto, la oposición señala al abstencionismo nacional del 82.3% como ganador; y como desgaste de AMLO, pues fue electo por 30 millones de ciudadanos, y ratificado por solo la mitad, 15 millones. Los $1,567 millones que costó el viciado ejercicio, inútiles: $95 pesos por cada voto, más caro que la elección presidencial pasada. Lo más grave es la cantidad de irregularidades cometidas por el presidente, sus colaboradores, legisladores, gobernadores y alcaldes de Morena. “Violar la ley llega a un punto de desfachatez. Y retan a las autoridades y a la sociedad a no interferir con sus caprichos. Hay algo de lo que el país no se recuperará en el corto plazo: la degradación de la vida pública… El presidente y sus seguidores están actuando como si fueran forajidos… su comportamiento, a plena luz del día, violando de manera flagrante ordenamientos legales…”.  “No me vengan con que la ley es la ley” (había dicho AMLO) es el dictado que quedará grabado en el muro de la infamia como la proclama de quien cree que su poder no debe ser regulado. Un poder caprichoso que va sedimentando la noción de que todo se vale si quien lo hace es uno y no los otros, un potente ingrediente para que la vida en común se convierta en la ley del más fuerte”, escribió (en Reforma) el miércoles José Woldemberg, ex-presidente del INE. 

Toca ahora al Tribunal Electoral recibir expedientes del INE y resolver si anula el proceso por las flagrantes violaciones constitucionales, y por los delitos electorales cometidos en laboratorio de ilegalidades para proyecto de perpetuarse en el poder en dos años. AMLO volvió a mentir al decir que su secretario de gobernación no promovió votar, no obstante videos que lo evidencian así en GTO, Coahuila y Sonora, incluyendo uso del avión de la Guardia Nacional y presencia de mandos militares. Los videos de acarreados en el país abundan. Ahora el colmo: el estalinista Pablo Gómez, titular de la UIF-Hacienda, pide que nos sancionen a los 76 millones que no votamos; muestran su derrota moral. No más distractores, concentrémonos en atender viejos y nuevos problemas, harto agravados.