La Pica

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aprobó un aumento de 15 millones de pesos en su presupuesto de 2020 para quedar en 323 millones 148 mil 355 pesos con 65 centavos, contra los 308 millones 708 mil 617 pesos autorizados en el presente año.

La cifra no parece escandalosa, pero en el fondo, se duda mucho que los diputados vayan a mantenerse lejos de la tentación de incrementarlo, porque los antecedentes así lo indican y hay que observar otro dato muy importante: no firmaron el acta varios integrantes del órgano de gobierno del poder Legislativo.

Fue el caso del bloque de izquierda, con el morenista Edson Quintanar Sánchez y la petista Paola Arreola Nieto; el derechista del PES, Mario Lárraga Delgado (todos ellos de la coalición electoral Juntos Haremos Historia) y Eugenio Govea Arcos, de Movimiento Ciudadano.

¿Coartada o casualidad?

Y el otro dato es que la Jucopo aprobó en 2018, un total de 297 millones 897 mil 149 pesos, pero cuando llegó al pleno, el presupuesto se incrementó hasta los ya referidos 308.7 millones que hoy disfrutan.

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Tan escasos están los decomisos de bienes a los delincuentes de San Luis Potosí, que la entidad no figura entre las que han aportado algo a las famosas subastas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el administrador titular de Servicios de Información y Documentación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Moisés Hernández Santamaría, hasta el momento ningún bien mueble o inmueble apareció en los eventos comerciales que han dejado de millones de pesos para repartir a las clases desprotegidas del país.

Y eso que aquí han capturado a varios peces gordos de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada, de acuerdo con lo que este año se ha reportado por parte de las autoridades.

Pero ni joyas, ni casas, ni vehículos terrestres o aéreos, ni nada de nada…

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En medio de nuevos escándalos en el periodismo potosino por expresiones misóginas de los entrevistados y la presunta cacería de críticos por parte de funcionarios que antes desempeñaron este noble quehacer de informar, cabe recordar un asesinato que continúa impune.

Y es que a dos años del homicidio del periodista Daniel Esqueda, la Fiscalía General del Estado no ha logrado brindar justicia.

El vicefiscal general Aarón Edmundo Castro, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene las investigaciones sobre esos hechos, con el apoyo de su similar estatal.

Pero, a decir del funcionario, se cuenta con una «línea muy fuerte» para esclarecer el crimen, misma que no involucra a la otrora Policía Ministerial, a la que la familia del fotoperiodista señaló en su momento de haber levantado a la víctima previo a que perdiera la vida.

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