La obsesión por la militarización

De sobra se ha dicho y mostrado que la Constitución no da espacio para la militarización total e indefinida de la Guardia Nacional, la que además de ser una institución civil, deberá quedar adscrita a la Secretaría responsable de la seguridad pública. El presidente lo sabe, pero con la Ley de la Industria Eléctrica aprendió que por la vía de una norma se puede contrariar a la Constitución; mal precedente para la legalidad en el país.

Militarizar cuenta con el aval de la población, más cuando se trata de actuar en contra de la delincuencia. Las fuerzas armadas gozan de respeto y aprecio. Sin embargo, la postura histórica de la izquierda y de una buena parte del espectro político está contra la idea de hacerlas el eje de combate al crimen. La creación de la Guardia Nacional se dio en el marco de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y bajo el compromiso de que la intervención militar sería temporal. Fue 2024 el año que se determinó la conclusión del proceso para llevar al agrupamiento a la civilidad plena.

Que López Obrador cambiara a tales extremos de idea no se entiende. Se explica, como con sus antecesores, la inclinación de apoyarse en las fuerzas militares. El desencanto con la burocracia civil y la fascinación por la disciplina, lealtad y obediencia de los militares están de por medio. Sin embargo, es un espejismo por la sencilla razón que la naturaleza de los militares no es la actividad regular del gobierno, tampoco la seguridad pública. Su estructura, normas de operación, mando y rendición de cuentas no atañe a la lógica del servicio público civil. Una vista a la sucesión presidencial de Francisco I. Madero deja en claro la reserva liberal a la presencia militar en la vida pública.

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