Feminicidios por progres machos, no por neoliberales; falla Gobernación

Si se revisa con frialdad la tendencia de violencia de todo tipo contra las mujeres, en realidad no es culpa del neoliberalismo que tenía muy bien precisados los roles de dependencia; el ciclo progresista liberó la actividad femenina fuera del hogar –por decisión o por masculinismo hipócrita de la izquierda– sin cambiar la mentalidad. Ahora el machismo progresista se conoce como discriminación de género.

Quien no recuerda que las camaradas de la izquierda socialista sólo servían de apoyo sexual a sus compañeros o para atender cocinas, inclusive en la guerrilla. El concepto de equidad de género ha naufragado por decisión de los progresistas que resisten la competitividad femenina en función de una mayoría de mujeres sobre los hombres en la vida productiva.

Ahora mismo existe u regateo institucional hacia el concepto de feminicidio o asesinatos de mujeres por su condición de género. Pero el asunto se complica más cuando se revisan las cifras oficiales crecientes de seguridad en los renglones, varios, de agresiones de género o sexuales que revelan estallidos de machismo violento y criminal ante la pasividad de las autoridades, sean masculinas o femeninas.

Por lo demás, el concepto de feminicidio es sexista porque asume una condición de fragilidad de la mujer con respecto a las agresiones entre hombres. Lo que queda por aclarar si las leyes para proteger a las mujeres de la violencia es sexista o responde a decisiones del Estado para castigar al machismo que asume por sí mismo la debilidad femenina.

En este sentido, la violencia contra las mujeres debe encararse con la fuerza de la ley, aunque con las pruebas contundentes de la realidad que el mecanismo de “alerta de género” que contempla la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 sencillamente no funciona o no se aplica con el criterio de emergencia que implica. La Ley señala con claridad que la Secretaría de Gobernación preside el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero es la dependencia más desdibujada, para decir lo menos, ante una ola de feminicidios del último año, con el dato mayor de que Segob está dirigida por una mujer.

Lo grave de todo radica en el hecho de que la ley enfocó el problema de manera integral, no sólo de castigo a feminicidas. Como nunca, la queja de acoso sexual o acoso laboral ha crecido en el actual gobierno progresista y de manera muy acusada existen datos de que el sector judicial es el que más discrimina a la mujer con acosos administrativos y sexuales, sin que las autoridades del sector atiendan las quejas.

La falla de Gobernación debe llevar a decisiones drásticas. La fracción X del artículo 42 establece las atribuciones de la Secretaría de Gobernación y señala con claridad la tarea de “vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respecto hacia las mujeres” y la fracción XI establece de manera estricta la responsabilidad a Gobernación de “sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo establecido en la fracción X”. Las quejas por la publicación de fotos de feminicidios recientes deben obligar a Gobernación a aplicar la ley, pero tiene que decidir si es burócrata del gabinete o mujer con convicciones.

De acuerdo con la ley de protección a las mujeres (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf, por si la secretaria Sánchez Cordero quisiera enterarse), Gobernación tiene quince facultades estrictas en materia de delitos de género, pero ha fallado y fracasado por las cifras de feminicidios, de agresiones a las mujeres y de acosos han aumentado, no ha cumplido con el mandato de diseñar una política integral con perspectiva de género para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y carece de un diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia,.

De ahí que los feminicidios no sean responsabilidad del neoliberalismo, sino del incumplimiento de una Ley de protección a las mujeres que la actual administración, como las de Calderón y Peña Nieto, no ha ejecutado.

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