Estado mexicano contra prensa: infamia judicial

El nombre debe decirse completo, sin miedo y sin eufemismos: Rafael León Segovia, periodista de Coatzacoalcos. Porque cuando el Estado persigue a un periodista, no persigue a un individuo aislado: ataca a la prensa entera y, con ella, al derecho de la sociedad a saber.

Intentar enjuiciarlo por terrorismo no fue un exceso retórico ni un mal encuadre jurídico. Fue una infamia. Una acusación monstruosa, desproporcionada, diseñada no para hacer justicia sino para quebrar, amedrentar y sentar precedente. Aunque ese cargo ya fue derrumbado, el castigo continúa: un año confinado en su domicilio, segregado, vigilado, sometido a una pena sin sentencia.

El Estado mexicano perdió el delito, pero insiste en la venganza. Eso tiene nombre en el derecho internacional de los derechos humanos: represión estatal. Castigo anticipado. Violación a la presunción de inocencia. Uso político del aparato penal. El mensaje es brutalmente claro: en México, informar puede convertirte en enemigo interno.

Publicar puede equipararte, en la lógica del poder, a un criminal de alta peligrosidad. Y esa lógica no es propia de una democracia; es la lógica de los regímenes que temen a la palabra más que a las balas. El caso de Rafael León Segovia desnuda una práctica cada vez más frecuente y más peligrosa: la criminalización del periodismo mediante figuras penales extremas, ambiguas y estigmatizantes.

Cuando el Estado no puede refutar una investigación, opta por judicializar al periodista. No debate: aplasta. No aclara: encarcela simbólicamente. Aquí no sólo está en juego la libertad personal de un comunicador.

Está en juego el derecho a la información, consagrado en el artículo 6º constitucional. Está en juego la secrecía de las fuentes, sin la cual el periodismo se vuelve propaganda. Está en juego la obligación del Estado de proteger, no de perseguir, a quienes ejercen una labor de interés público.

Mantener a Rafael León Segovia bajo confinamiento domiciliario prolongado, aun después de haber sido absuelto del cargo más grave, es una forma sofisticada de tortura institucional: desgaste psicológico, ruina profesional, estigmatización social. No hace falta una celda para encarcelar; basta con un expediente abierto y la amenaza permanente.

México ya es un país letal para la prensa. Asesinan periodistas, los desaparecen, los obligan al exilio. Cuando no pueden callarlos con balas, los callan con jueces, fiscalías y procesos interminables. Es la violencia que usa traje y sello oficial. Lo más alarmante no es sólo lo que le ocurre a Rafael León Segovia, sino lo que no ocurre alrededor: el silencio cómplice, la tibieza institucional, la normalización del abuso.

Cada día que este proceso se prolonga, el Estado mexicano se coloca del lado de los censores, no de los derechos. Un Estado que acusa de terrorismo a un periodista pierde autoridad moral para hablar de libertades.

Un Estado que castiga sin sentencia deja de ser Estado de derecho. Y un país que permite esto empieza a acostumbrarse a vivir sin prensa libre. Hoy es Rafael León Segovia. Mañana puede ser cualquiera que se atreva a contar lo que incomoda. Y cuando eso pase, ya no habrá excusas. Sólo responsabilidad histórica.