El negocio detrás del “tarifazo”

Rosa tiene 67 años y vive en la colonia las Águilas, en Zapopan. Usa el transporte público todos los días ya sea para ir al mercado, al centro de salud y, de vez en cuando, para recoger a sus nietos de la escuela. 

El reciente anuncio de aumento al pasaje en la entidad la obligó a registrarse en un sistema digital para no pagar los 14 pesos de la nueva tarifa. No es opcional, quien no entra al esquema de la “Tarjeta Única Al Estilo Jalisco”, pagará más a partir de abril.

Esta tarjeta no es operada por el gobierno, sino por Servicios Broxel S.A.P.I. DE C.V. empresa propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, a quien se le asignó de manera directa el contrato en octubre de 2025, dos meses antes de que el llamado “tarifazo” (9.50 a 14 pesos) fuera aprobado. 

De acuerdo con la licitación LPN 690/2025, Broxel cobrará 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta, con una proyección de hasta 5 millones de plásticos vigentes hasta 2030. Es decir, podría obtener más de 300 millones de pesos al año solo por operar el sistema. 

Para pagar menos en el camión (11 pesos) Rosa, como muchos otros, tuvo que entrar a un esquema que permite a Broxel recopilar datos personales y biométricos, e incluso aceptar términos y condiciones que podrán ser utilizados para fines comerciales. El transporte público se convirtió en una puerta de entrada a la captación masiva de usuarios y datos.

Acceder a este costo preferencial además es someterse a un proceso que ha resultado lento, confuso y excluyente. Plataformas saturadas, módulos rebasados y filas interminables, con adultos mayores y personas con discapacidad sin atención preferencial. No es casual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) haya iniciado una investigación de oficio en torno a la tarjeta.

El modelo tampoco pasó inadvertido en el Congreso local. El aumento a la tarifa detonó un choque político que derivó en la activación de un referéndum ciudadano para frenar el alza. 

De igual forma, el Legislativo aprobó exhortos para revisar el contrato con Broxel, solicitar auditorías y analizar los riesgos asociados al manejo de datos biométricos sin una regulación local específica.

Servicios Broxel se encuentra bajo investigación por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, derivado de presuntas irregularidades en la licitación nacional de vales electrónicos de despensa para trabajadores federales, concurso que la empresa ganó. 

Además, registra dos amonestaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relacionadas con incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y entrega de información falsa.

Por si fuera poco, entre 2019 y 2025, autoridades de la Ciudad de México exigieron a Servicios Broxel el reembolso de más de 121 millones de pesos por vales de despensa no entregados a trabajadores en distintos ejercicios. 

El foco del conflicto dejó de ser únicamente el costo del pasaje. La discusión se desplazó hacia el esquema de negocio montado alrededor del transporte público, uno de los servicios más utilizados por la población trabajadora y estudiantil.

Rosa, como miles de usuarios, no sabe de tecnicismos financieros ni licitaciones. Solo sabe que para pagar menos tuvo que aceptar condiciones impuestas por un privado. El “tarifazo” abrió un modelo donde el negocio corre por carriles distintos al servicio público, y donde la letra chiquita pesa más que el boleto.

*** Sin trasfondo ambiental

No nos confundamos, de acuerdo con fuentes empresariales y operadores políticos consultados, dentro de Movimiento Ciudadano se maneja la versión de que la clausura de la pedrera Matrimar, en en Cerralvo, 

Nuevo León, no respondió precisamente a criterios ambientales, sino a una disputa más profunda con el grupo propietario de la empresa. 

Estas versiones sostienen que, antes del cierre, existían tensiones por requerimientos fiscales y administrativos impulsados desde el gobierno estatal que la compañía consideraba excesivos o políticamente condicionados. 

Al no alcanzarse un acuerdo, la aplicación de la agenda ambiental habría servido como el instrumento formal para ejecutar una decisión que ya estaba tomada en el terreno político.

En ese contexto, señalan las mismas fuentes, el gobierno de Samuel García habría optado por envolver el conflicto en una bandera ambiental para justificar una medida que, en los hechos, castigó a un grupo empresarial y político que dejó de alinearse con el poder estatal. 

La narrativa oficial habla de pozos clandestinos y daño ecológico; la lectura interna apunta a un mensaje más amplio, que en el nuevo Nuevo León, la permanencia de ciertos negocios y liderazgos depende no sólo del cumplimiento de la ley, sino de su relación con el proyecto político en turno.

*** Repunta Acapulco

TOME NOTA *** Esta semana se dio un nuevo paso en la reactivación de Acapulco con el arribo del crucero Amera, de la naviera Phoenix Reisen, con 1,019 pasajeros, que es el segundo de 16 cruceros programados para 2026 . 

La recepción fue encabezada por el Gobierno Municipal que preside la alcaldesa Abelina López Rodríguez, con un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y la Guardia Nacional, enviando un mensaje claro de orden y seguridad a la industria marítima y a los visitantes . 

Más allá de la postal turística, el hecho coloca a Acapulco como miembro Platinum de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), un lugar donde se definen rutas y escalas de gigantes como Carnival o Royal Caribbean, y el turismo de cruceros genera miles de millones de dólares en derrama económica que impactan empleo y servicios locales . 

Sostener estos arribos será clave para que el puerto consolide su recuperación y vuelva a figurar como referente del turismo náutico en el Pacífico mexicano.