Visión Financiera

Por Georgina Howard

Generalmente, el debate sobre el agua comienza en la llave y termina en la presa. Sin embargo, poco se habla de lo que ocurre después de que usamos el recurso. En México, más del 30% del agua residual recolectada no recibe tratamiento.

Los datos oficiales muestran que, de 211.2 metros cúbicos por segundo que ingresan a los sistemas de alcantarillado, 143.8 reciben tratamiento en alguna de las 2,899 plantas municipales en operación, con una cobertura nacional de 68.1%.

Para Humberto Armenta González, presidente del Consejo de Administración de RECSA, esa brecha también abre una oportunidad para cambiar la forma de entender el agua residual.

El experto plantea que no debe verse solo como un desecho, sino como un recurso que puede generar valor con la infraestructura adecuada. La idea importa porque obliga a mirar el ciclo completo, desde la captación hasta el reúso.

El saneamiento tiene además una dimensión de infraestructura. Una planta no funciona sola. Requiere redes de recolección y conducción, colectores, bombeo cuando la topografía lo exige, mantenimiento y monitoreo.

Por eso, el desafío no consiste únicamente en construir nuevas instalaciones, sino en asegurar que las existentes funcionen todos los días y cumplan su propósito.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla 6,332.4 millones de pesos para infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Ese monto adquiere relevancia ante una cobertura de tratamiento de 68.1%. La oportunidad está en orientar recursos hacia obras que permitan cerrar la brecha y mejorar la eficiencia operativa.

El reúso puede ser otra pieza de esta ecuación. Bajo las condiciones técnicas correspondientes, el agua tratada puede destinarse a actividades urbanas, industriales, agrícolas o ambientales. Esto puede reducir la presión sobre las fuentes de primer uso y liberar agua para consumo humano en regiones con estrés hídrico.

Armenta González lo resume bajo el argumento de que construir es solo el comienzo. La verdadera prueba llega después, cuando una obra debe operar con eficiencia durante años.

En materia hídrica, esa visión puede marcar la diferencia entre una inversión que resuelve una necesidad puntual y una que amplía la disponibilidad efectiva del recurso.

México tiene ante sí una tarea concreta: cerrar el ciclo del agua. Tratar más, reutilizar cuando sea posible y mantener la infraestructura en condiciones adecuadas permitiría reducir descargas contaminantes, disminuir riesgos asociados con enfermedades de origen hídrico y aprovechar mejor el recurso.

El dato de que poco más del 30% del agua recolectada aún no recibe tratamiento muestra el tamaño del reto, pero también el espacio que existe para avanzar.

Técnica, regulación y circularidad

El trabajo técnico y el impulso a herramientas circulares respaldan la labor de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco y dirige Raúl Mendoza.

En esta ruta, el 8 de octubre realizará su décimo Congreso Técnico, dirigido a quienes participan en la producción, distribución y comercialización de productos de este material.

La agenda llega en un momento clave para el sector, pues abordará las últimas innovaciones y los requisitos de la nueva Ley General de Economía Circular en México. Los asistentes podrán conocer más sobre procesos de inyección, plásticos rígidos, rediseño de producto e indicadores de economía circular, incluidos el índice de materiales y el de aprovechamiento energético; además de temas como huella de carbono y de agua, trazabilidad, material reciclado y certificaciones.

Por ello, se sumarán especialistas y académicos del Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) y del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA).

Empresa ética

La que escaló al tercer lugar de la VII edición del ranking Empresas+Éticas 2026, elaborado por AMITAI, es Silent4Business, que encabeza Layla Delgadillo. La empresa mexicana de ciberseguridad se coloca entre las tres primeras de 67 compañías que obtuvieron el distintivo, de un total de 120 organizaciones participantes.

Este resultado marca su séptimo año consecutivo dentro del ranking y este año le valió cinco estrellas, por contar con un Programa Ejemplar y liderazgo en mejores prácticas, además de ser la mejor evaluada por sus colaboradores.

En las categorías específicas, ocupó el primer lugar en Compliance, entre 20 empresas participantes, y el sexto en Ética. Uno de los principales retos después de obtener este tipo de reconocimientos es mantener los estándares que permiten permanecer entre las empresas distinguidas.

El ranking evalúa los programas de integridad corporativa y combina la perspectiva de las organizaciones con la percepción de sus colaboradores en aspectos como cumplimiento, transparencia y cultura ética.

El rastro de los millones y los frentes abiertos de la cooperativa

Tome nota

Denuncias por desvíos y lavado: En mayo de 2026, un excolaborador denunció ante la FGR, SAT y UIF a Rafael Anzures Ortiz, director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, por presuntos desvíos superiores a 1,100 millones de pesos, lavado de dinero por 53.5 millones de dólares y posibles vínculos con cárteles.

Los señalamientos están bajo investigación y no constituyen una sentencia ni una prueba definitiva.

Inversión de 6,500 millones bajo la lupa: Cruz Azul anunció una inversión de 6,500 millones de pesos de recursos propios para modernizar su planta e infraestructura en Tula, Hidalgo, con la promesa de generar 14,200 empleos.

Expertos y autoridades señalan la necesidad de auditar la trazabilidad financiera y verificar el origen de dichos fondos.

El caso salpica al ámbito judicial debido a la presencia de Renata Velázquez Reynoso, hija del dirigente de la cooperativa Víctor Manuel Velázquez, en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Aunque la ministra ha negado injerencias o irregularidades, existen exigencias públicas para garantizar la ausencia de conflictos de interés en los litigios de la cooperativa.

Especialistas subrayan que la prioridad debe ser el rastreo documental, financiero y legal de las operaciones, garantizando la presunción de inocencia de los implicados e investigaciones completas por parte de las autoridades competentes.