El lado oscuro del juicio contra García Luna: el narco dentro de EU

Si México se espera con alta tensión que el juicio contra el secretario de Seguridad pública calderonista, Genaro García Luna, revele nombres de presuntos funcionarios mexicanos involucrados en acuerdos secretos con los cárteles, en Estados Unidos existe la confianza de que en tribunales no se revelarán los expedientes de encargados de migración, aduanas y seguridad interior americanos que han permitido la expansión del narco mexicano en 40 ciudades estadounidenses.

De ser cierta la acusación contra el exfuncionario mexicano, entonces estaríamos frente a una gravísima falla de seguridad nacional de Estados Unidos, aunque con indicios de que esa grieta habría estado permitiendo el tráfico de drogas mexicanas en territorio americano con el aval de toda la estructura de seguridad estadounidense.

El juicio contra García Luna no forma parte de alguna estrategia estadounidense para combatir el tráfico de drogas en Estados Unidos, sino que sería un proceso judicial contra una persona y no contra una estructura, toda vez que el expediente revela que el exfuncionario mexicano habría recibido dinero del narco para permitir el tráfico, pero que la movilización de la droga debió de haber tenido a uno o varios grupos delictivos que produjeron la droga, la transportaron por territorio mexicano, la cruzaron de alguna manera la frontera, la distribuyeron en los 50 estados americanos y la DEA considera que nueve cárteles mexicanos son los responsables de la venta al menudeo de droga en las calles de EU.

En ese contexto, García Luna habría sido solo una pieza menor de una estructura criminal que estaría formada por funcionarios mexicanos y estadounidenses como responsables de la existencia del crimen organizado del narcotráfico.

El caso de Ovidio Guzmán López ilustra con claridad lo inexplicable del tráfico mexicano de drogas y de la estrategia de seguridad: Ovidio sería el encargado responsable del área de producción contrabando y venta de fentanilo, cocaína y mariguana hacia Estados Unidos por parte del Cártel de Sinaloa, pero su arresto con fines de extradición exhibe el hecho de que no tendría en México ningún expediente ni orden de aprehensión.

Y agregado a ello, el Chapo Guzmán está preso de por vida en Estados Unidos y Ovidio fue arrestado en México para enviarlo a EU sin juicio previo en México, pero el Cártel de Sinaloa como estructura criminal sigue funcionando con impunidad y sin ningún operativo en contra. Inclusive, el propio Ovidio se movía en Sinaloa sin preocuparse por las autoridades, llevaba una vida social disipada a la vista de todos y vivía de manera abierta en una zona identificada como refugio personal.

La acusación contra García luna se centra solo en una persona, sin revisar una serie de hechos contradictorios: el funcionario contaba con la confianza de toda la estructura de seguridad de Estados Unidos, recibía premios y reconocimientos, realizaba sesiones de información e intercambiaba datos secretos con sus contrapartes americanos. En este sentido, podría decirse –a partir del expediente– que todos los funcionarios estadounidenses que tuvieron algún contacto con el secretario calderonista de Seguridad Pública deberían de ser sometidos arrestos preventivos y a investigaciones profundas, pero no solo por su relación social y funcional con García luna, sino porque proporcionaron información que pudo haber llegado a las estructuras del crimen organizado mexicano.

De ahí la importancia de que México deba de replantear sus relaciones de seguridad con Estados Unidos. La desconfianza del Gobierno lopezobradorista con las autoridades estadounidenses no tiene razones políticas o ideológicas, sino que parte de la sospecha –por cierto reconocida por la DEA– de que el auge del narcotráfico en Estados Unidos, el control de la droga por nieve cárteles mexicanos en 40 Estados Americanos y la distribución para consumo popular de la droga y el fentanilo solo puede ser viable por la complicidad de autoridades estadounidenses. Las últimas evaluaciones de la DEA reconocen la existencia creciente de los cárteles mexicanos dentro de Estados Unidos, pero a pesar de ello la propia agencia antinarcóticos no ha realizado investigaciones u operaciones para desmantelar esa red criminal que solo pudo consolidarse en todo EU por la corrupción de autoridades locales.

Obama inventó la justificación de que el narco en EU era responsabilidad de los cárteles mexicanos en México y con ello dio el aval para que el consumo de drogas por adictos estadounidenses exista y se expanda por toda la nación.