El costo de la inacción judicial

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y de la Red de Control de Delitos Financieros, sancionó a dos mexicanos y a nueve de sus empresas por su relación con una red de contrabando de combustible vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los imputados no son personajes de relieve empresarial, pero las autoridades los identifican como operadores relevantes en las actividades de contrabando y lavado de dinero. Ante la inacción judicial en México, tres aspectos cobran especial importancia.

Primero, el contrabando de combustible ha continuado, como ya había señalado el experto y académico, Francisco Barnés de Castro. Sus estimaciones fueron descalificadas de manera burda por Pemex, cuya respuesta, más que explicar, se limitó a insultar. Desde hace tiempo el gobierno no razona ni informa; calumnia y difama.

El segundo, se reitera la vinculación del contrabando de combustible con el narco, para el caso con el CJNG, asunto de extrema gravedad porque está catalogado como organización terrorista y, por ello, constituye un objetivo prioritario de Estados Unidos en el combate al narcoterrorismo.

El tercero, se ratifica que el dinero del crimen se utiliza para financiar campañas electorales y medios de comunicación, “con el fin de ayudar a elegir a autoridades dispuestas a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno”. Las autoridades mexicanas se limitan a operativos para destruir laboratorios clandestinos y capturar delincuentes, pero muestran total pasividad judicial frente a los narcopolíticos.

Para efectos prácticos, la FGR no existe; deja expuesto al país, toda vez que la iniciativa y actividad judicial proviene del exterior, con todas sus implicaciones. Los hechos son relevantes por la secuela delictiva que revelan, ahora en la dimensión financiera que, por cierto, la UIF colaboró con información. Los datos disponibles indican que el contrabando de energéticos de México hacia Estados Unidos ha disminuido, mientras que el de éste a nuestro país continúa.

En otras palabras —y éste es uno de los hallazgos centrales del estudio de Barnés de Castro—, el contrabando y el robo de combustibles no han cedido, a pesar de las denuncias y de la presión mediática. Mucho ha ocurrido desde que la FGR abrió el caso, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, y se señaló a los hermanos Farías Laguna, vicealmirante uno y contraalmirante el otro, sobrinos del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador.

Sin embargo, es evidente que fue una decisión tomada al más alto nivel no continuar las investigaciones. Posteriormente, el fiscal fue removido y enviado a la Embajada de México en Londres. Por su magnitud, el contrabando de combustible no se limita a la Marina, sino que constituye una operación criminal de gran escala. Involucra aduanas; la importación marítima, ferroviaria y terrestre; el almacenamiento y la logística de distribución. Además, compromete a la Guardia Nacional, Pemex, la Secretaría de Marina —responsable de puertos y aduanas— y a un amplio número de empresas dedicadas al transporte y comercialización de gasolinas y diésel.

El doctor Barnés de Castro estima que las pérdidas para el país durante 2025 ascendieron a 123 mil millones de pesos: 56 mil millones correspondieron a pérdidas de Pemex por robo de combustible y contrabando, y 67 mil millones al gobierno federal por evasión fiscal.

La acción emprendida por las autoridades estadounidenses confirma la tesis de que la impunidad es la causa que vulnera la soberanía nacional. Si la justicia mexicana no actúa, lo hará la americana, conforme a sus propias leyes, prioridades e intereses. La inacción de la FGR alcanza extremos difíciles de comprender; todo revela que existe una decisión política desde los más altos niveles de no investigar, no acusar y, por lo tanto, no iniciar proceso penal alguno.

La impunidad convertida en política de Estado. De EU viene algo considerablemente mayor a lo hasta ahora conocido. Se trata de un delito vinculado con la corrupción y el contrabando, que mantiene vasos comunicantes con los cárteles del narcotráfico y termina por capturar gobiernos.

También es evidente que las investigaciones de las autoridades estadounidenses descansan en una base estrictamente legal, aunque sus efectos y consecuencias puedan ser devastadores para el régimen político. Difícilmente puede sostenerse que se trata de una campaña con motivaciones ideológicas. Simple y sencillamente es la persecución de una actividad criminal que exhibe la vulnerabilidad del Estado mexicano como consecuencia de la impunidad.

Así de sencillo. Así de grave.