Consultas a modo también en CTI

En días recientes se han intensificado los correos electrónicos a profesionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI. Correos enviados desde cuentas en CONACYT para consultar sobre la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, LCyT, vigente.

Los correos desde CONACYT se envían presuntamente a nombre del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, FCCyT, pero en realidad provienen desde el Consejo Nacional.

Esos actos oficiales incumplen, por lo menos, la ley vigente.

Si consideramos el principio de derecho que establece que sólo lo escrito en la ley está permitido como actos de autoridad pública alguna; entonces se está violando la ley.

Detallemos.

En el artículo 36 de la LCyT, párrafo primero, se constituye al foro como un órgano autónomo de consulta al Poder Ejecutivo y su operación se define en 8 incisos del mismo artículo.

Así, por ley, en derecho, pues, el FCCyT es autónomo y de consulta al CONACYT, incluso pertenece a la junta de gobierno de ese consejo.

Con la reciente puntilla al foro y a su autonomía, perpetrada desde Insurgentes Sur, de hecho, se difumina y borra la voz de la comunidad CTI ante CONACYT si no es a través de la autoridad misma.

Así de centralizadas son las acciones de decisión oficial.

Luego entonces la consulta despierta mas sospechas de la intención oficial para tomar en cuenta a la comunidad de CTI sobre los términos de la reforma.

En el mismo artículo 36 de la LCyT vigente, párrafo último, se dice que el CONACYT podrá pedir al FCCyT que emita consultas u opiniones sobre asuntos en la materia de CTI.

La ley no dice que CONACYT las haga o podrá hacerlas; por ello, con el principio invocado arriba, el acto de enviar consultas por correo electrónico desde CONACYT está fuera de su competencia.

La Directora General del CONACYT ya ha declarado, previo a cualquier consulta enviada en días cercanos, que está listo el anteproyecto de reforma (La Jornada, 12 de Julio de 2020) y, recientemente, que están a punto de terminar las consultas.

Pero cómo no si las hace, emite, termina, analiza y sesga o filtra la autoridad misma que recibe las opiniones vertidas en la consulta.

Entretanto la realidad mexicana en CTI alcanza y rebasa para urgir a actos de la autoridad federal en CTI, unos que sí estén en su competencia.

De hecho, la Directora Adjunta de Desarrollo Científico, del mismo CONACYT ha reconocido hace unos días que el “conectar con el aparato productivo del país es el pendiente que se tiene, hay que encontrar esa forma de articulación. No se trata de que los científicos sean empresarios, sino que exista la posibilidad de diálogo entre la comunidad científica y el sector productivo, del propio sistema y sus sectores” (La Jornada de Oriente, 18 de Agosto de 2020).

Se antojan declaraciones esquizoides al interior de CONACYT, conductas contrariadas entre el blanco y negro, el todo o nada, conmigo o contra mí. Desde ahí a la comunidad en CTI.

Si bien no es que todos los profesionales en CTI sean empresarios, ¿Por qué no permitirlo y, mas aun, favorecer condiciones para quienes puedan y deseen?, esto como política pública de CTI.

En este asunto, así como en otros, los términos de reforma a la LCyT son muy relevantes. Empero la autoridad prefiere hacer oídos sordos a escuchar opiniones con libertad y autonomía.

No omito advertir que, entre otros efectos, dada la transversalidad social de la CTI, de la reforma a LCyT se podrán seguir repercusiones de movilidad social, economía y sostenibilidad, medioambiente y Cisne Verde, Capacidad energética, etcétera.

El FCCyT pudo haber sido aliado del CONACYT; no obstante Julia y María Elena fueron mas que nombres de valses en este asunto.

La pugna desde el interior de la universidad pública mas grande de México, con sede principal también al sur de la CDMX, y su extrapolación al campo nacional afecta al país entero.

Esto se profundiza con consultas hechas a modo en CTI; es de interés a toda persona en la CTI y de la sociedad entera para recibir sus beneficios.