Consulta popular y los obstáculos convenencieros

La Soberanía reside en el pueblo. Cinco ministros de la Suprema  Corte y  el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, no estuvieron de acuerdo con la consulta popular desde su planteamiento formal.  Los señores togados señalaron que su posición es defender la Constitución  “aún a costa del sentir mayoritario”  y el funcionario autónomo dijo en nombre de su instituto que éste “no pidió una consulta” pero agregó que participará en la misma, para que no quede al garete “la inanición presupuestal”. Contradictorio esto último de alguien que gana el doble del presidente de la República. En el caso de los primeros, versados en las profundidades del derecho, vemos desde la humildad de quien esto escribe, que el artículo 39 constitucional dice que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y por lo tanto es el titular de la carta magna.  Defender a ésta, es defender al que es su titular, por lo tanto hay una negativa en sus posturas, cuando niegan a “el sentir mayoritario”.  El pueblo es un concepto genérico y lo pueden ser 30 millones o tres o cuatro. Ellos son mandantes. Y en el caso del señor Córdova, un autónomo que  es un empleado público -muy caro por cierto-, nunca electo por el pueblo, no tiene por qué deslindar a su institución en las decisiones de la ciudadanía, ya que lo ordena la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular de marzo del 2014 (Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Última reforma el 19 de mayo de 2021). Y debe recordar que quien pidió la consulta para averiguar las presuntas  irregularidades de ex presidentes fue un alto porcentaje de la ciudadanía. A la consulta se ha llegado con todas las condiciones legales convocada por un electo de esa ciudadanía, con intervención de los demás poderes, con la Suprema Corte en la redacción final de la pregunta. Los ministros que no estuvieron de acuerdo con su propia cabeza jurídica fueron Fernando Franco González, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Piña Hernández y Javier Laínez Potisek.

LA MASIVIDAD POPULAR SE APLICA, ANTE LA DIFICULTAD DE LA PETICIÓN DIRECTA

De acuerdo a la posición de los ministros  arriba mencionados  no es necesario  hacer una consulta popular para enjuiciar a ex presidentes si se tienen pruebas. Otras opiniones se han expresado al respecto, de juristas, ciudadanos y medios. Lo que no se profundiza es como puede hacerlo el ciudadano común que no tiene acceso a expedientes o pruebas que en muchos casos están archivados o fueron destruidos. Las boletas electorales en las que se presume pueden evidenciarse los fraudes electorales de 1988 y de 2006, fuero destruidas en su momento. Los datos de saqueos, gastos suntuarios, el uso falaz de empresas fantasmas, las muertes sospechosas entre muchos señalamientos, duermen en  lugares ignotos o fueron quemados. Lo que queda es la evidencia  que se expresa en la realidad que vive México  millones de pobres, un sistema de salud en quiebra, lujosas residencias, avión presidencial, deuda pública, los muchos huecos que aparecen todos los días. ¿Como podrían por ejemplo  un albañil, una señora que hace quesadillas en las esquina, una secretaria, una cajera, tener acceso a las pruebas, como no sea sentir la propia evidencia en  sus personas?. Hay acusaciones que tienen un sustratum y en ellas están  Vicente Fox y Felipe Calderón. Es la demanda ante tribunales internacionales de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca y en esta se tipifica la lesa humanidad  que no prescribe. Otros casos pueden tener vigencia aún.

PESE A INVESTIGACIÓN DE CASOS, HAY PRUDENCIA OFICIAL. SE PIDE APOYO

Hay muchos casos de todos conocidos que ya están avanzados en el actual sexenio. Son parte de la lucha contra la corrupción  una de las premisas del este gobierno. Pero no falta quien habla de venganza. La historia es larga en casos de gobernantes que utilizaron el plebiscito no solo para vengarse de personajes del pasado sino para conseguir cambios a su favor. Hay que tomar en cuenta que el uso de la consulta popular es remota. En Roma que es uno de los antecedente principales que se destaca en legislaciones aún vigentes, convocaban a la plebe en la búsqueda de opinión en leyes y decisiones importantes. Lo mismo se hizo en la época bonapartista en Francia, en Inglaterra y otros países, donde la opinión popular permanece vigente. La consulta popular buena o amañada siempre ha estado presente de muchas maneras. No siempre ha sido por voluntad directa ciudadana como se han conseguido las pruebas contra gobernantes y en eso América del sur ha rebasado a México. Aquí nunca se ha sancionado a un presidente, como no sea con  el desprecio posterior que les infiere el pueblo. En  Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Panamá hay ejemplos y famosos. Y en este momento está el caso de la derechista Fujimori en Perú  cuyo padre está preso por crímenes y desfalcos. En la época moderna, Estados Unidos defenestró a un presidente en el poder, Richard Nixon. Solo México cuyo sistema dictatorial  dominó 80 años, creó junturas tales  que no dejaron  juzgar a  presidentes o indiciarlos, aunque hubo algunos secretarios de estado y otros altos funcionarios.