Becas y abandono: el doble rostro de la educación

En los primeros días de marzo, México pudo haberse mirado en el espejo con honestidad. Se realizaron anuncios generosos, se brindaron cifras esperanzadoras y se firmaron acuerdos con solemnidad ante los reflectores. Pero fue también, si uno leía con cuidado entre líneas, un periodo de confesiones incómodas. Porque mientras el gobierno celebraba que las mujeres ya son mayoría en las universidades del país, un informe oficial admitía que el 27% de los niños con discapacidad y el 16% de los niños indígenas no asisten a la escuela.

Mientras se abría el registro masivo para la Beca Rita Cetina y se anunciaban 80 mil nuevos lugares en bachillerato, la CNTE confirmaba un paro de 72 horas, el cual una vez más pondría en pausa el derecho de miles de niños a aprender. El contraste es tan estridente que resulta imposible ignorarlo: México avanza, pero sobre un piso profundamente desigual, donde los que quedan atrás son siempre los mismos.

Comencemos por la noticia que debería encabezar todos los titulares. El Programa Sectorial de Educación 2025-2030 reveló que más de uno de cada cuatro niños con discapacidad en México no tiene acceso a la educación. Uno de cada seis niños indígenas tampoco está en la escuela. Son números devastadores en un documento oficial del propio Estado mexicano.

Se habla de cientos de miles de niñas y niños que hoy no están sentados frente a un pizarrón, no están aprendiendo a leer, no están formando la identidad intelectual que toda infancia merece. No están porque el sistema no los vio o decidió que adaptarse a ellos era demasiado costoso o complicado.

La Constitución mexicana, en su artículo tercero, establece el derecho de toda persona a recibir educación. No establece excepciones para discapacidad ni para pueblos indígenas. Y, sin embargo, la realidad estadística demuestra que esa universalidad sigue siendo una aspiración lejana en México.

Lo más urgente es entender qué produce esa inequidad y exigir que desaparezca. La exclusión educativa de los niños indígenas es resultado de décadas de abandono estructural: escuelas multigrado sin materiales en lengua materna, docentes monolingües en comunidades plurilingües y caminos que hacen inaccesible la escuela en temporada de lluvias.

En el caso de los niños con discapacidad, la exclusión es escuelas sin rampas, currículos sin lenguaje de señas y docentes sin formación en pedagogías inclusivas. Es un sistema que sigue imaginando un alumno estándar que nunca existió.

El Estado mexicano tiene la obligación de remover los obstáculos que impiden ejercer el derecho a la educación. En el lenguaje de los derechos humanos, esto se llama obligación de garantía. Y esta semana México reconoció implícitamente que esa obligación está incumplida para sus poblaciones más vulnerables.

Sería deshonesto no reconocer los avances. La apertura del registro para la Beca Rita Cetina en primaria, con un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por familia, es una política de permanencia escolar que merece reconocimiento. Representa inversión pública para evitar que la pobreza sea una sentencia de abandono escolar.

El anuncio de 80 mil nuevos lugares en educación media superior resulta relevante, especialmente en municipios como Ixtapaluca y Chimalhuacán, zonas con alta población joven y menor oferta educativa. Durante años, el cuello de botella entre secundaria y bachillerato fue una de las formas más crueles de exclusión educativa.

Decirle a un joven de quince años que no hay cupo para su futuro es una grave violación de derechos que se disfraza con mecanismos como el examen de admisión.

También merece atención la reforma de movilidad entre subsistemas de bachillerato. Permitirá que estudiantes cambien de plantel sin perder su trayectoria escolar. El derecho al tránsito educativo fluido es una dimensión poco visible del derecho a la educación, pero clave en un país con alta movilidad y desigualdad territorial.

El 8-M trajo una buena noticia: las mujeres ya representan el 53% de la matrícula universitaria en México. Es un hito histórico que no debería relativizarse. La educación superior fue durante décadas un espacio masculino. Las jóvenes mexicanas han revertido esa proporción pese a enfrentar violencia, trabajo doméstico no remunerado y presiones familiares.

Ahora el reto del Estado es eliminar cualquier barrera que limite el acceso o permanencia de las mujeres en la educación.

En contraste, volvieron a proyectarse sombras sobre el sistema educativo. La CNTE confirmó un paro de 72 horas del 18 al 20 de marzo, lo que reabre la tensión entre derechos laborales de maestros y derecho al aprendizaje de los niños.

Esta tensión no tiene solución simple. Los maestros tienen razones históricas para exigir condiciones dignas, pero cada día de clases perdido significa un día de aprendizaje suspendido, especialmente para los niños de familias sin acceso a tutorías o apoyo digital.

La solución no es criminalizar el paro ni romantizarlo. La solución es que el Estado invierta en las condiciones laborales del magisterio, porque invertir en maestros es invertir en el derecho a la educación.

Otra sombra visible fue el acoso digital en entornos escolares. Un caso en una preparatoria nacional utilizó inteligencia artificial para generar imágenes íntimas falsas de alumnas. Esto aceleró protocolos de seguridad digital en instituciones educativas.

El gobierno respondió con un acuerdo entre la Presidencia, la Secretaría de las Mujeres y plataformas como TikTok y Meta para combatir ciberacoso y doxing en entornos escolares. La iniciativa es necesaria, pero los acuerdos voluntarios con plataformas tienen valor limitado sin regulación vinculante.

También se requiere mecanismos de denuncia accesibles para menores y formación ética en tecnología desde la infancia. La escuela es donde los jóvenes aprenden a usar la tecnología, por lo que deben hacerlo con responsabilidad y respeto a la dignidad ajena.

A todo esto se suma una reforma curricular en proceso, con reducción de materias y énfasis en pensamiento histórico y crítico. Esto genera expectativas, pero también interrogantes: ¿Quién define qué historia se prioriza? ¿Tiene sentido discutir contenidos cuando el 16% de los niños indígenas ni siquiera está en la escuela?

El debate curricular es importante, pero existe una jerarquía de urgencias en política educativa. Primero debe garantizarse el acceso. Discutir contenidos sin asegurar presencia en el aula es un lujo para quienes ya están dentro.

En este contexto cobra importancia el Encuentro Nacional de Alfabetización, donde INEA y TecNM entregaron certificados a jóvenes y adultos que concluyeron primaria y secundaria. La alfabetización de adultos rompe ciclos de exclusión.

Los estudios muestran que los hijos de madres con mayor escolaridad tienen menos abandono escolar y alcanzan mayores niveles educativos. La alfabetización de adultos es una inversión intergeneracional.

México necesita una conversación honesta sobre educación. No se pueden celebrar nuevos lugares en bachillerato sin cuestionar por qué los niños indígenas siguen fuera. Ni firmar acuerdos contra el doxing sin educación digital en las escuelas.

Los derechos educativos no son un menú a la carta: acceso, calidad, seguridad y becas deben garantizarse para todos.

En suma, hay señales de que algo se mueve en la educación mexicana, pero también recordatorios brutales de cuánto falta por cambiar. Mientras el 27% de niños con discapacidad y el 16% de niños indígenas sigan fuera de la escuela, ningún avance será suficiente para hablar de justicia educativa.

¡Merecemos un gobierno educador!