Autoría y derechos industriales

La Ley de Ciencia y Tecnología, LCyT, es regulatoria de la fracción V del Artículo 3º Constitucional; no es superior de otras normas, por ejemplo, a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, LFPPI; son ambas de hecho, normas de ámbitos diferentes.

Una, la LCyT, busca normar cómo el estado garantiza el acceso a los beneficios derivados de la Ciencia, Tecnología, e Innovación, CTI; la otra, la LFPPI, busca proteger los derechos sobre propiedad industria mediante la regulación y otorgamiento de, entre otros, patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, etcétera.

El anteproyecto de reforma a la LCyT de CONACYT es una más de las obtusas equivocaciones de ese consejo; pretende apropiarse de los derechos de propiedad intelectual.

La intención, por sí misma, es una gran torpeza que desincentivará la creación de productos con base en la CTI que resulten en registro de patentes, modelo de utilidad, etcétera.

Mas torpe aun porque los derechos de propiedad intelectual son entendidos como derechos de autor y estos son inalienables, no se les pueden quitar a quien tenga la autoría; las personas físicas o jurídicas -empresas, pues- pueden tener derechos de comercializar, licenciar, utilizar, y otros, pero nunca los relativos a la autoría, estos últimos son de personas.

Si CONACYT quiere reclamar derechos de propiedad industrial sobre los que resulte de proyectos financiados por ese consejo, sólo tiene que acudir a la LFPPI, entre cuyos objetivos esta (ver fracción III Artículo 2) “Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos;”, dice literal esa ley.

Pero entonces las instituciones receptoras, las de adscripción de la persona profesional de la CTI, también podrán reclamar sus derechos; toda vez que los costos administrativos e indirectos, como electricidad, agua, seguros, impuestos, los ligados a vehículos automotores, y muchísimos mas, no son pagados por los proyectos sino por las instituciones, incluidos los salarios de quienes investiguen en ese proyecto.

Por lo tanto, si CONACYT quiere reclamar los derechos industriales de productos que resulten de proyectos que financie, entonces deberá negociar con las instituciones receptoras o convertirse en competidor de éstas … haga usted el favor.

De aprobarse como está ese anteproyecto, en el caso que alguna persona jurídica, -ya quedamos que esas son empresas- tuviera interés en alguno de los productos y proteger o adquirir algún derecho industrial sobre éste; tendría que sentarse a negociar con CONACYT y con la institución receptora … pero que soberana aberración.

Lo que sucederá es que no se dará esa negociación.

La función de CONACYT no es negociar ni poseer derechos industriales tampoco comercializarlos ni licenciarlos; si lo fuera entonces el sector privado tendría sus impuestos compitiendo por los derechos de propiedad contra sí mismos.

El CONACYT está para promover e incentivar la CTI mediante actos como:

• Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la CTI; 
• Determinar los instrumentos mediante los cuales el Gobierno Federal cumplirá con la obligación de apoyar a la CTI;
• Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y otras instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia de desarrollo con base en la CTI; o 
• Establecer instancias y mecanismos de coordinación con las entidades federativas para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la CTI, así como para la formación de profesionales en estas áreas.

Como aquí se ha apuntado, CONACYT no entiende nada; pero no habrá cambios en el actual sexenio, aun cuando urgen.