Actualiza SEGE protocolos de seguridad en escuelas de SLP
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 26 de enero de 2026.- El uso de scooters eléctricos y otros vehículos de micromovilidad se ha expandido en diversas ciudades del país como una alternativa de traslado rápido y económico; sin embargo, su crecimiento ha ocurrido en un contexto de regulación desigual, infraestructura limitada y vacíos normativos en varios estados de la República.
Aunque la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial reconoce la figura de los vehículos de movilidad personal, la aplicación de reglas específicas depende de cada entidad federativa, lo que ha generado criterios distintos sobre su circulación, clasificación y obligaciones legales.
En algunas ciudades, los scooters son considerados vehículos no motorizados; en otras, se les ubica dentro de categorías de transporte motorizado personal, mientras que en gran parte del país aún no existe una regulación clara y homogénea.
¿Qué ocurre en caso de un atropellamiento?
Especialistas en derecho vial señalan que, ante un siniestro donde un automovilista impacta a una persona que se desplaza en un scooter, la responsabilidad se determina bajo los principios generales de los hechos de tránsito terrestre, considerando factores como:
• Derecho de paso
• Velocidad
• Lugar de circulación
• Conducta de las partes
• Señalización
• Uso de espacios permitidos
Es decir, el tipo de vehículo no exime ni agrava por sí mismo la responsabilidad, sino que se analiza la mecánica del hecho y el cumplimiento del reglamento de tránsito vigente en la entidad.
No obstante, la falta de reglas claras sobre dónde deben circular estos vehículos —banqueta, ciclovía o carril vehicular— complica la determinación de responsabilidades y genera incertidumbre jurídica tanto para conductores como para usuarios de micromovilidad.
Infraestructura y regulación, los retos pendientes
La expansión de scooters y otros dispositivos eléctricos ocurre en ciudades que, en su mayoría, no cuentan con infraestructura vial adecuada para garantizar la seguridad de quienes los utilizan, como ciclovías continuas, señalización específica o carriles compartidos debidamente delimitados.
Ante este escenario, congresos locales han comenzado a discutir reformas para incorporar estos vehículos a marcos regulatorios más definidos, con el objetivo de brindar certeza jurídica, seguridad vial y orden en la convivencia entre peatones, automovilistas y nuevas formas de movilidad.
Un debate en construcción
El tema abre una discusión más amplia sobre la adaptación de las ciudades a nuevas formas de movilidad, la responsabilidad en los hechos de tránsito y el papel de las autoridades en la actualización de reglamentos ante cambios tecnológicos y sociales.
Mientras el uso de scooters continúa creciendo, la regulación avanza de manera desigual, dejando en el centro del debate la pregunta: ¿están las leyes y las ciudades preparadas para esta nueva forma de desplazamiento?
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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