Analizan colectores sanitarios para nuevos desarrollos en zona metropolitana
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 18 DE NOVIEMBRE DE 2026.- Una denuncia por presuntos cobros ilegales de hasta 600 mil pesos mensuales, un adeudo municipal de 800 mil pesos y contrataciones por 260 millones de pesos coloca bajo escrutinio el manejo de los servicios de pipas de agua durante la administración de Enrique Galindo Ceballos en la capital potosina.
El empresario Gerardo Martín Villarreal presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, en las que expone presuntas irregularidades en la contratación de pipas para suministro de agua durante el año 2021 y señala exigencias económicas que, según su testimonio, habría recibido para mantener los contratos con el Ayuntamiento.
De acuerdo con su relato, durante 10 meses proporcionó alrededor de 23 pipas para atender la crisis de abastecimiento de agua, por un monto aproximado de 19 millones de pesos. Sin embargo, aseguró que el Ayuntamiento dejó pendiente el pago de la última quincena, equivalente a unos 800 mil pesos.
El señalamiento adquiere otra dimensión al contrastar esos recursos con los que, según el empresario, recibió la compañía que sustituyó a su proveedoría.
Se trata de Saserro, cuyo propietario sería esposo de la nieta del exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, empresa que presuntamente habría obtenido 260 millones de pesos por 22 meses de servicio con 22 unidades.
La diferencia entre ambos contratos asciende a 241 millones de pesos, por lo que Villarreal exigió investigar las condiciones de asignación, los montos pagados y el destino de los recursos públicos.

Pero la denuncia no se limita a las diferencias económicas. El empresario señaló directamente a Ángel de la Vega Pineda, quien en 2021 se desempeñaba como secretario técnico del Ayuntamiento y actualmente ocupa la Dirección de Comercio, como el funcionario que intervenía en la elaboración de contratos y la gestión de los acuerdos.
Según Villarreal, a través de De la Vega Pineda les hicieron llegar la propuesta de entregar alrededor de 600 mil pesos mensuales, presuntamente para destinarlos al pago de medios de comunicación.
Aseguró que rechazó participar en ese esquema y que, posteriormente, su empresa fue desplazada de la prestación del servicio.
También sostuvo que su compañía trabajaba con pipas de propietarios potosinos de Escalerillas, Mesa de Conejos y Garita de Jalisco, a quienes afirma haber pagado íntegramente, mientras que la empresa que los sustituyó habría recurrido a unidades rentadas provenientes de Guanajuato y el Estado de México.
Ante estos hechos, el empresario demandó la remoción de Ángel de la Vega, a quien acusa de presuntas prácticas de extorsión contra proveedores municipales, además de exigir que el Ayuntamiento liquide el adeudo pendiente.
Como medida de protesta, anunció que llevará su reclamo hasta las puertas del Palacio Municipal mediante una huelga de hambre. Aseguró que, cuando advirtió al funcionario sobre la posibilidad de recurrir a esa medida, recibió como respuesta: “aunque te pongas en huelga de hambre, por mis huevos no te voy a pagar”.
Los señalamientos abren interrogantes que el gobierno de Enrique Galindo debería responder: ¿por qué una empresa recibió 19 millones de pesos por diez meses de servicio y otra habría obtenido 260 millones por 22 meses?, ¿bajo qué procedimiento se asignaron esos contratos?, ¿existieron exigencias de pagos irregulares para conservarlos y quiénes habrían sido sus destinatarios?
Más allá del adeudo reclamado por el empresario, las denuncias exhiben la fiscalización de contratos municipales, el posible uso de recursos públicos para fines ajenos al servicio y la responsabilidad de los funcionarios que participaron en las contrataciones.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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