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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 1 de octubre de 2026.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Educación de San Luis Potosí para restringir durante toda la jornada escolar el uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en los servicios de educación básica.
La reforma modifica el artículo 60 de la legislación estatal y establece que los dispositivos podrán utilizarse cuando exista una finalidad pedagógica determinada por el personal docente.
La restricción tampoco aplicará cuando el uso del dispositivo sea necesario ante una situación de emergencia, por razones de salud o para garantizar el ejercicio de derechos reconocidos en las disposiciones jurídicas aplicables.
Durante los periodos en que esté vigente la restricción, los dispositivos deberán permanecer fuera de uso. Las autoridades educativas, organismos e instituciones competentes deberán establecer las medidas necesarias para aplicar estas disposiciones dentro de sus respectivas atribuciones.

El dictamen fue presentado por el diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a partir de una iniciativa enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
De acuerdo con el legislador, la reforma busca establecer criterios claros para regular el uso de celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales, con el propósito de favorecer las condiciones para el aprendizaje, la convivencia escolar y el desarrollo integral de los estudiantes.
La medida se incorpora a una discusión que ya se había trasladado al ámbito nacional. El 21 de septiembre, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado informó que San Luis Potosí participó en acuerdos de la CONAEDU para establecer una ruta nacional sobre el uso de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar. En primaria y secundaria se planteó restringir su utilización durante las actividades escolares, mientras que computadoras y tabletas se orientarían principalmente a fines pedagógicos.
El decreto establece que la reforma entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026, después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.





