Ayuntamiento de SLP en el ojo del huracán por violentar a funcionaria

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 5 de julio de 2019.-  El caso de María Teresa Carrizales Hernández, ex oficial del Registro Civil número 11 desalojada violentamente de su despacho por órdenes del alcalde Xavier Nava Palacios, puso en el ojo del huracán al Ayuntamiento de San Luis Potosí, municipio incluido hace dos años en la declaratoria de Alerta de Género.

En medio de la controversia sobre la facultad que puede atribuirse o no el Ayuntamiento para remover de su cargo a la oficial, trasciende que -según acusa Teresa- ella denunció posibles actos de corrupción de la alcaldía, mediante el aumento indebido en costos de actas oficiales y trámites.

Las imágenes difundidas el martes 2 de julio, muestran a una servidora pública sometida por tres mujeres agentes de Seguridad Pública Municipal, Teresa Carrizales fue literalmente arrastrada desde su escritorio hasta una patrulla, remitida a la barandilla de la corporación bajo el cargo de Faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, tuvo que pagar 200 pesos para quedar en libertad.

¿Qué dio origen a la escena?

Hay dos versiones sobre el caso, la primera fue emitida por el Secretario del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, quien acusó a la funcionaria de irrumpir abruptamente a la Oficialía 11 -forzando chapas- después de que ya le habían notificado su remoción en el área de Recursos Humanos.

María Teresa Carrizales sostiene que empleados de ese departamento la comenzaron a hostigarla luego de haber denunciado las presuntas irregularidades financieras impuestas por el Ayuntamiento, lo que derivó en el violento desalojo.

Sea cual sea la verdad, hay un factor que no deja de ser reprochable para muchos sectores: la violencia ejercida sobre la humanidad de Carrizales Hernández. En eso coinciden diferentes actores de la política estatal y hasta los mismos panistas, aunque deslindan al partido blanquiazul de las acciones ejercidas por el Gobierno Municipal.

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar, al igual que regidores de ese partido y su dirigente municipal, condenaron lo que califican como abuso de autoridad y pidieron por igual que las autoridades investigadoras deslinden responsabilidad para castigar a quienes sean culpables de este atropello a los Derechos Humanos de una mujer, que ocupaba su cargo desde el 20 de diciembre de 2014 por designación del Gobierno Estatal.

Lo mismo señalaron el senador Marco Gama Basarte; la diputada federal Josefina Salazar Báez y hasta el coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el propio Gobierno del Estado se sumaron a la condena del violento proceder de las instancias municipales, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, advierte que Xavier Nava jamás notificó al Ejecutivo sobre sus intenciones de remover a Teresa, para lo cual, el Ayuntamiento no tendría la atribución legal.

En contra de Nava pesa una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por Abuso de Autoridad y Lesiones, misma que está en proceso de ser atendida, según refirió el titular, Federico Garza Herrera. Entretanto, el caso de la oficial del Registro Civil se ha viralizado y trascendido en medios nacionales.

La afectada, anunció tener el apoyo del Congreso Potosino para promover un juicio político en contra del alcalde Xavier Nava, quien de hecho es nieto del finado político potosino, Salvador Nava Martínez, personaje de mucho arraigo y quien ocupó dos veces el encargo como Presidente Municipal de la capital de San Luis.

Por estos hechos, Teresa también exige la renuncia del secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez, a quien señala como autor de amenazas en su contra; este viernes difundió un video pidiendo apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para dar solución a su caso y sobre todo poner freno a los actos intimidatorios que ha estado sufriendo, pues dijo, no se siente segura para salir de casa y teme por su familia.