Preparativos para una amenaza llamada Trump
No es por echar a perder la fiesta, sobre todo a los empresarios que se frotan las manos con la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto en San Luis Potosí, pero parece muy lejano que el presidente Andrés Manuel López Obrador apruebe tal despilfarro, al menos no con recursos públicos.
La idea nació del alcalde de Valles, Adrián Esper, quien trajo desde Miami -donde vive- un gran proyecto de modernización para el municipio huasteco, en el cual se requiere invertir, digamos, todo el presupuesto del estado y aún faltaría. Una locura, cuando ni siquiera se ha visto que sepa cobrar impuestos.
Al igual que muchos otros alcaldes potosinos, desgastó su bono electoral señalando con dedo flamígero a sus antecesores del retraso en el municipio, pero pasan los meses y no termina de aterrizar nada trascendente. Lo mejor que ha hecho es tener a Valles como zona de guerra, con obras sin terminar y pelearse a muerte con un sindicato, el del agua.
Esper es el mismo que quedó paralizado durante el periodo de transición en Valles, porque el tribunal electoral le dio el triunfo en vísperas de su toma de protesta; luego, apareció montado en un scooter con la canción de Becky G de fondo para presentarse con sus aplaudidores e invitó como orador principal a Alfredo Jalife. Hasta ahí todo iba bien, su paisano Jalife lo calificó como el principal paladín de la defensa del agua en el país, porque está en contra del fracking y desde el primer día parecía que había llegado el cambio a Valles.
Pasó el tiempo, Esper empezó soltar la lengua y demostró tener incontinencia verbal, además de mucha proclividad a pelearse con la gente. Pero tuvo la fortuna que hace unas semanas el presidente López Obrador estuvo en Valles y le propuso el aeropuerto huasteco, el cual costaría mil millones de pesos. El presidente no dijo sí abiertamente, sino que pediría el estudio y según el gobernador Juan Manuel Carreras López -a quien Esper le echó en cara que le pagaba hasta la risa como su invitado-, anunció ayer que en tres semanas se sabrá si ese arroz se coció.
Lo dudamos mucho. Y razones hay varias. La principal de ellas, es que no hay mil millones de pesos que valgan para construir un aeropuerto, cuando a media hora de Valles, en Tamuín, ya existe uno, que nunca despegó, el cual es de carga. Y menos porque el de San Luis Potosí, que está en Soledad, apenas se está modernizando y requiere crecer.
Argumentar que un aeropuerto detonaría más al turismo en la huasteca y en consecuencia la derrama económica, no es equivocado, sólo que la región requiere otras inversiones, en capacitación y mejores servicios, los cuales ahora son muy básicos y están a años luz de los grandes atractivos nacionales que hacen sentir al turista todo el confort. La huasteca es bella por su naturaleza, pero eso no basta para construirle un aeropuerto, cuando hay otras necesidades difíciles de colmar por el gobierno federal, la principal, su pobreza, en muchos casos escandalosa.
Hay otras vías, la principal, concesionar la obra, sólo que en contra juega el aspecto político. López Obrador no permitiría la edificación de otro aeropuerto en el país que no sea en primer lugar, el de Santa Lucía, donde un cerro se le atravesó y complicó las cosas. Lo que causa extrañeza es que ni la alcaldesa morenista de Tamuín, Grecia Sánchez ni el propio gobernador Carreras, peleen porque esos recursos se queden donde ya hay aeropuertos.
De acuerdo con Aeronática Civil de la SCT, para construir un aeropuerto o al menos un aeródromo, es necesaria una concesión o un permiso para su administración, operación y explotación, en base a los siguientes requisitos: localización a escala en carta topográfica del Inegi; con planos, memoria descriptiva y tiempos de realización; estudio de factibilidad de llegada y salida de aeronaves; localización de los terrenos que atiendan, además, la idoneidad de las condiciones meteorológicas tales como vientos, techos de nubes, visibilidad y temperaturas; estudios topográficos, hidrográficos, geológicos y mecánica de suelos; estudio de impacto ambiental y la constancia de no afectación del desarrollo urbano, entre los más importantes.
¿Todo eso en un municipio con el 70% de sus calles sin pavimentar y a oscuras?