La Pica

Al parecer las designaciones en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado no estarán tan fáciles de aterrizar como se vaticinaba, ya que surgieron muchas inconformidades de quienes, por un motivo u otro, quieren abrir esos espacios a las llamadas caras nuevas, en vez de ratificar a nueve magistrados, de los 10 propuestos.

El décimo era Martín Celso Zavala Martínez, quien decidió retirarse y con ello, en este momento hay dos sillas libres: la suya y la que dejó Ricardo Sánchez Márquez, quien concluyó su periodo constitucional de 15 años.

Lo que más asusta a quienes conocen las entrañas del poder Judicial -el más opaco de todos- es que los nueve magistrados que siguen en la liza, podrían consumir tres lustros, tiempo que se considera exagerado en estos tiempos, aunque es legal.

El objetivo del Legislativo, cuando reformó la ley, era que los magistrados pudieran ser transexenales, a fin de evitar intereses creados que atenten contra el imperio de la justicia pero, esto a su vez impide que otras personas que pudieran hacer un mejor papel y refrescar la dinámica interna, tengan la oportunidad de ascender a un cargo de este calibre.

Y es que más allá de formalidades, los análisis serios indican que de esos nueve, al menos cinco no deberían repetir porque no cumplen el primer parámetro de seis tomados en cuenta para la ratificación: la eficiencia.

Otro asunto que está que arde, es el relacionado con el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población.

Desde 2003 no se había hecho nada al respecto y, luego de 17 años, y conforme lo que decida al cabildo del ayuntamiento capitalino, la ciudad podría crecer con proyectos de alto impacto o quedarse a la zaga.

La principal preocupación de los activistas, ambientalistas y la sociedad en general, es que la Sierra de San Miguelito no sea protegida en estos documentos, lo que permitiría la posible venta de dos mil hectáreas de San Juan de Guadalupe a las empresas inmobiliarias interesadas en estos terrenos que no producen nada. Se dice que inclusive los comuneros están dispuestos a ceder las 14 mil ha restantes en su poder, a cambio que les permitan comercializar ese espacio.

El debate está tan fuerte que ayer, por ejemplo, circuló información falsa relacionada con una supuesta Área Natural Protegida (ANP) que el gobierno municipal no habría considerado en los programas, misma que no existe en el decreto de 2003. Su única referencia, no oficial, está en la página iNaturalist creada al alimón en estos meses por el ecologista Pedro Nájera Quezada.

Las únicas ANP válidas son las de Paseo de la Presa y el decreto estatal de 2017 de 12 mil hectáreas vigente.

Pero así de revuelta está la situación en este momento.

Quien al parecer ya no es tan divo, es el diputado federal del Verde, Ricardo Gallardo Cardona.

Resulta que antes del V Informe del gobernador Juan Manuel Carreras López, el chofer del Pollo se quiso pasar el filtro de vigilancia como si tuviera una patente de corso, pero el mismísimo secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga se lo impidió.

Ese día el mando policiaco recordó sus épocas como policía federal de Caminos, y fue él quien coordinó de forma directa el ingreso de vehículos al Centro de Convenciones.

El conductor de Gallardo por poco recibía una ‘multa’ de Pineda porque quiso pasar sin permiso y sin detenerse a bordo de un vehículo oficial de San Lázaro. Y de forma prepotente dijo: «Traigo al diputado Gallardo». Pero Pineda no se rajó: «Eso qué, igual tiene que detenerse».

Acto seguido el diputado se detuvo y acató el protocolo de ingreso. Lo que hace el milagro electoral.