Perfilan eternizar a magistrados del poder Judicial en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 29 de septiembre 2020.- De prosperar los dictámenes del Consejo de la Judicatura, el poder Ejecutivo y el Congreso del Estado, el próximo jueves, nueve de los 16 magistrados numerarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) podrían ser ratificados por nueve años más, para llegar a 15 en el cargo y terminar en 2029.

Diversas asociaciones de abogados y el Partido Acción Nacional (PAN), no están de acuerdo con una decisión de este tipo, toda vez que se perderían entre una y dos generaciones sin renovar el poder Judicial de San Luis Potosí.

Luego de los trámites correspondientes entre los poderes Judicial y Ejecutivo, la decisión final corresponderá a los diputados locales, cuyas comisiones de Gobernación -a cargo de la priista Beatriz Benavente Rodríguez- y Justicia -de la panista Sonia Mendoza Díaz-, elaboraron el dictamen que sería votado este jueves en el pleno.

Los magistrados fueron elegidos para un periodo del 16 de octubre de 2014 al 15 de octubre de 2020 y el Ejecutivo propuso su ratificación, luego de analizar parámetros relacionados con la eficiencia, capacidad, probidad, honorabilidad, competencia y antecedentes de cada uno.

Sin embargo, hay señalamientos recurrentes en el sentido de que no fueron hechos públicos los informes del Consejo de la Judicatura ni los dictámenes de cada magistrado a cargo de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular es Alejandro Leal Tovías.

Los magistrados han tenido un carrera judicial que en algunos casos abarca dos décadas, como actuarios, secretarios de estudio y cuenta, secretarios de acuerdos, titulares de juzgados, jueces de control y de tribunales de juicio oral, de juzgados mixtos y de juzgados penales.

De acuerdo con los abogados que conocen del tema, se prevén como lógicas o por conveniencia política las ratificaciones de la magistrada presidenta Olga Regina García López, el expresidente Juan Paulo Almazán Cué, Rebeca Anastacia Medina García (quien perdió con García López por escaso margen) y María Refugio González Reyes (esposa del magistrado electoral Rigoberto Garza de Lira).

El PAN tiene a María del Rocío Hernández Cruz y Graciela González Centeno.

Y el diputado Cándido Ochoa Rojas impuso a Arturo Morales Silva, Juan José Méndez Gatica y Luis Fernando Gerardo González.

El magistrado Martín Celso Zavala Martínez era el décimo a ratificar, pero decidió retirarse y se hará saber oficialmente este jueves.

Si el PAN y Ochoa se quedan sin sus magistrados, se estima que las cinco sillas libres sean repartidas entre PAN, PRI, Morena y el poder Ejecutivo.

En este momento hay 15 mil abogados en San Luis Potosí, de los cuales se calcula que al menos seis mil 500 litigan en la actualidad y no está descartado que alguno de ellos impugne, en caso que haya ratificación de la mayoría.

RUTA PARA LA RATIFICACIÓN

El 13 de abril, el STJE envió al poder Ejecutivo información de cada magistrado a ratificar -o no ratificar- consistente en asuntos turnados y resueltos del 16 de octubre de 2014 al 28 de febrero 2020, según salas de adscripción o en el pleno. E incluyó quejas, así como juicios de amparo directos e indirectos en contra de sus resoluciones, según se hayan concedido, negado o sobreseído.

Esto, en base a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado dos días más tarde (15 de abril), identificado como un acuerdo administrativo del STJE que estableció las bases para la evaluación del desempeño.

La información abarcó la relación de servidores públicos que laboraron en las ponencias de los magistrados propuestos, un muestreo aleatorio de cuando menos cinco expedientes integrados por año, cursos como ponentes y participantes, actividades como presidentes de las distintas salas y comisiones, publicaciones realizadas, CD’s de audiencias y escrito de cada magistrado que desea su ratificación, con sus propios argumentos.

El 26 de junio, hubo un aviso de pronunciamiento público sobre el desarrollo eficiente, eficaz y probo de la función de los magistrados numerarios, por lo cual se recibieron distintos escritos, con opiniones de emisores interesados que pudieron acompañarlas con pruebas, lo cual en su mayoría no sucedió.

El 6 de mayo, Alejandro Leal emitió el acuerdo de inicio de procedimiento de ratificación o no ratificación.

Y el 26 de junio, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la apertura de plazo para pronunciarse respecto al desarrollo eficiente, eficaz y probo de la función de los magistrados numerarios Arturo Morales Silva, Juan Paulo Almazán Cué, Juan José Méndez Gatica, Graciela González Centeno, Luis Fernando Gerardo González, María Refugio González Reyes, Olga Regina García López, Rebeca Anastacia Medina García, María del Rocío Hernández Cruz y Martín Celso Zavala Martínez (quien determinó retirarse).

El 14 de julio, Leal envió la evaluación de cada magistrado al Congreso del Estado.

LA EVALUACIÓN

Entre los principales puntos a tomar en cuenta, están los informes que haya remitido la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, sobre sanciones administrativas, quejas o denuncias en contra de los candidatos durante su desempeño como magistrados (esto forma parte de la elegibilidad).

La eficiencia incluyó un análisis cuantitativo de objetivos y logros, según el número de tocas turnados y resueltos, incluida una evaluación sobre la revocación de resoluciones por parte de la autoridad federal.

La capacidad se midió con los resultados cualitativos sobre asuntos turnados y proyectados por el magistrado evaluado, y los amparos concedidos o negados contra sus resoluciones.

La probidad implicó su bondad, honradez, integridad, rectitud y moralidad, para lo cual se solicitaron informes a la Coordinación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, pero además cada integrante de las Salas enviaron sendos oficios en los que hablan bien de los propuestos.

La honorabilidad fue medida en cuanto a las conductas negativas que pudieran tener los magistrados.

Y la competencia se basó en cursos, talleres, diplomados, jornadas, conferencias, ponencias, participación en comisiones a las que pertenezcan (con informes de actividades) y opiniones individuales de otros magistrados con respecto al candidato.