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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 29 de junio 2020.- El dictamen para la restructuración de la deuda pública del Gobierno del Estado que no fue aprobado por los diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, establece que el monto actual es de tres mil 686 millones 976.97 pesos.
El monto global es resultado de la contratación de tres deudas anteriores, las cuales son: 750 millones de pesos, del 23 de diciembre de 2014; mil 430.1 millones de pesos, del 2 de diciembre de 2015 y dos mil 678.8 millones de pesos, del 3 de marzo de 2018 que se pretenden pagar en 18 años, con un periodo de gracia de 15 meses.
En el dictamen también se solicita la aprobación para que el gobernador Juan Manuel Carreras pacte las bases y condiciones de la buscada reestructura:
“Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que pacte todas las bases, términos, condiciones y modalidades crediticias o financieras que estime necesarias o convenientes en los contratos, convenios o demás documentos relativos a la operación a la que se refiere este decreto.
“El estado podrá establecer las condiciones del refinanciamiento o reestructura que decida contratar y deberá de realizar el proceso competitivo”, amén de que se asienta que buscará las mejores tasas de interés para esta reestructuración.
Sin embargo, los diputados locales integrantes de la Comisión de Hacienda consideraron que la propuesta no justifica el destino del recurso que se pretende obtener al realizar la referida reestructuración, pues no se instituye con claridad “qué acciones, programas u obras se llevarán a cabo con dicho recurso”.
Además, adujeron que el plazo solicitado de gracia de 15 meses no se encuentra plenamente justificado, por lo cual “causaría un detrimento en los ingresos de las próximas administraciones”.
Y no ven viable el plazo que propuso el gobierno estatal de 18 años.
“No se argumenta la necesidad de aplazar hasta 18 años la deuda pública que actualmente tiene el Ejecutivo del estado”.
Asimismo los legisladores le recomendaron al Ejecutivo que debe de llevar a cabo un plan de austeridad “o en su defecto priorizar las obras que sean necesarias a fin de que el Gobierno del Estado obtenga recursos sin la necesidad de recurrir a la reestructura de la deuda pública”.
También -a criterio de los diputados- no se justificó en qué se destinan las economías que ha llevado a cabo el Ejecutivo del Estado con motivo de la pandemia que en la actualidad está padeciendo San Luis y el país, y no se presentaron las corridas financieras para conocer los montos exactos que se pagarán con esta nueva reestructura, así como los intereses.
Y por último añadieron que la reestructura no se justifica ya que “las participaciones han sido entregadas al Ejecutivo del Estado por parte de la Federación y las cuales no han presentado disminución alguna”, por todo esto los legisladores consideraron inviable esta propuesta.