Logra CEDH promover acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 2 de septiembre 2019.- Con un resultado favorable en tres acciones de inconstitucionalidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que mantiene una alianza estratégica con la firma de abogados Data Legal, dio a conocer los beneficios que se tendrán con estos resultados, en el que uno de ellos beneficiará las acciones que la CEDH trabaja con las personas con discapacidad, esto lo dieron a conocer el titular de la comisión Jorge Andrés López Espinosa y los consejeros Luis González Lozano y Catalina Torres.

«Las acciones de inconstitucionalidad son un mecanismo previsto en la Constitución para que de alguna forma se regule cuando existe una norma que va más allá de los derechos humanos, nosotros identificamos algunas normas de esta situación y en las cuales se ha promovido ante la suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad, la primera es referente al uso de celulares al conducir, esto se decretó hace algunas semanas, el efecto de esto es la inaplicación de la norma, esto tiene que ver con la forma en que se redactó, además de quitar la penalidad, que es una exageración».

González Lozano también señaló que otra norma que lograron identificar como inconstitucional tiene que ver con la Ley de Transparencia, «los artículos de las leyes de ingreso para algunos municipios que para el 2018 planteaban un costo excesivo en la entrega de documentos cuando eran solicitados por el área de Transparencia, esto quiere decir que para negar el acceso a la información que por derecho tenemos, se hacía cobrando un costo de más de 70 pesos por cada copia, lo cual es caro, esto se traduce como la inhibición de acceso a la transparencia, por lo que se determinó que el costo será proporcional y adecuado a lo que cuesta una copia, ya que esto es un ejercicio de transparencia no de recaudación».

Por su parte, la consejera y encargada de los temas de personas con discapacidad e inclusión Catalina Torres, habló de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual se aprobó el pasado martes en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual estableció que en un estado democrático no puede existir que se realicen leyes que afecten a cierto sector poblacional, sin que se realice una consulta con ellos, «me parece importante decir que la consulta está prevista en el artículo cuarto de la convención de los derechos de las personas con discapacidad, significa que según nuestra legislación, nosotros debemos acatarlos. Había estado en la mesa del Congreso varias veces, pero nunca había habido una acción de inconstitucionalidad, esta es la primera vez».

Añadió la consejera que las repercusiones que tiene de ahora en adelante son, «ya no es posible que haya modificaciones a una ley, tienen que consultarlo con las personas a las que les afecta directamente, si no lo hacen no será válido, porque hemos visto que cada vez que hacen una modificación nunca preguntan a los afectados si están bien o si les hace falta algo, la segunda es que precisamente por haber sido favorable esta acción inconstitucional por la Suprema Corte es que los otros estados deben voltear a San Luis Potosí para que también lo apliquen, porque esto viene de la convención de personas con discapacidad, no viene de una ley local, nosotros estamos en posición de exigir a los legisladores una ley de consulta».

Finalmente, se dio a conocer que otra acción inconstitucional que está pendiente es la Ley de Asistencia Social que probablemente se dictamine a favor, según el consejero Luis González, ya que también tiene que ver con consulta ciudadana, según argumentó, esto tiene cerca de dos años y la tardanza se debe a la saturación de solicitudes que tiene la Suprema Corte de Justicia.