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SAN LUIS POTOSI, S.L.P., 26 de agosto de 2020.- La falta de coordinación entre autoridades de los diversos niveles de gobierno y de políticas públicas para la prevención, son factores que generan que San Luis Potosí ocupe el cuarto lugar en feminicidios a nivel nacional, señalaron las diputadas Alejandra Valdés Martínez, Martha Barajas García y Sonia Mendoza Díaz.
Coincidieron en que la Alerta de Género emitida para seis municipios, no ha dado los resultados esperados lo que debe dar lugar a que se replanteen las estrategias y las acciones que eviten que a las mujeres se les agreda por el simple hecho de ser mujeres o por la razón que sea.
La diputada Alejandra Valdés Martínez señaló que es lamentable que San Luis ocupe el cuarto lugar nacional en feminicidios lo que revela que han fracasado los protocolos y con la pandemia que se vive, la violencia contra las mujeres en sus hogares ha crecido, además de que no hay medios suficientes para la denuncia.
“Las víctimas no saben a donde acudir cuando los principales agresores son los esposo, novios o amigos, de tal manera que falta mucha información para que las mujeres puedan denunciar y que la policía intervenga a tiempo; además, crece la desaparición de niñas y adolescentes”, expuso.
La diputada Martha Barajas García expuso que es evidente la falta de coordinación entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, que deben garantizar la seguridad de todas las mujeres, que no deben tener miedo de salir a la calle, al trabajo y es evidente que la alerta de género ha fallado.
Por su parte la diputada Sonia Mendoza Díaz manifestó que “es lamentable que las autoridades no volteen a ver una tema tan delicado que lacera desde hace tiempo y mientras no se reconozca el problema tan grave como lo es la muerte de mujeres, seguiremos estando en los primeros lugares de feminicidios a nivel nacional”.
Destacó que la capital del estado, San Luis Potosí, es el lugar donde más feminicidios se cometen, “en el Congreso del Estado hemos actuando y legislado pero requerimos que las autoridades ejecutoras de las leyes castiguen a quienes ejercen la violencia feminicida, porque ese es un clamor y exigencia de la sociedad”.