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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 15 de agosto de 2019.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la Recomendación No. 16/2019 dirigida a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) por el caso de una detención arbitraria a un reportero del portal CRM noticias, ocurrida en enero de 2017.
El 5 de enero de ese año, un periodista del portal en mención, fue acusado sin pruebas de haber videograbado a una menor de edad en la pista de hielo que cada año instala el Ayuntamiento capitalino en la plaza de Los Fundadores, situación que fue investigada por el organismo público autónomo, determinando que hubo una violación a los derechos humanos del reportero.
La recomendación se dirige al comisario de la Policía Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, actual titular de la Corporación, aunque el evento ocurrió en la anterior administración municipal.
Según la investigación que fue apoyada por material videográfico, el periodista fue detenido por los policías mientras levantaba imágenes de la pista de hielo. Un agente le preguntó por qué filmaba a las personas y éste se identificó como reportero, pero el policía le exigió que eliminara las imágenes y pidió apoyo para esposar y subir al reportero a la patrulla 3120, sin escuchar la explicación del afectado, quien pidió que revisaran los videos que había tomado.
La investigación detalla que el policía actuó de esa forma porque una joven de 14 años aseguró que un hombre la estaba grabando; sin embargo, la supuesta afectada no quiso proceder legalmente ante el Ministerio Público.
En la barandilla municipal, los policías reportaron la detención por alterar el orden público, no por acoso sexual u otro cargo similar correspondiente a la denuncia inicial de la menor de edad. El periodista fue liberado luego de que el director del medio indicó al juez calificador que se trató de una arbitrariedad.
La recomendación dirigida a la corporación establece que se debe colaborar en la inscripción del afectado en el Registro Estatal de Victimas, investigar este caso que señala a cuatro policías; capacitar a los jueces calificadores y oficiales sobre la libertad de expresión; y colaborar en la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General del Estado (FGE).