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Ciudad Valles, SLP, 5 de diciembre del 2018.- En medio de una fuerte controversia y confusión legal, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (STSDAPAS), Alejandro Ballesteros Corona y otros siete trabajadores de su directiva, fueron despedidos por el organismo operador en las primeras horas de este miércoles.
El director de la DAPA, Marco Antonio Guillén Rivera, informó por escrito a la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en este municipio, que por «actitudes ilícitas y violentas acontecidas los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, contra instalaciones, personas y en detrimento del patrimonio de la patronal que representeo, así como el perjuicio a las arcas de la DAPA, doy aviso de rescisión de la relación laboral».
Al principio se creía que el documento era apócrifo, ya que no tiene sellos, firma, fecha y acusa muchas faltas de ortografía, pero el propio Guillén confirmó que es real y así lo aceptó la Junta.
«Ha habido agresiones y amenazas de muerte, además si bien el Juzgado Quinto de Distrito les otorgó su derecho a huelga, también condicionó a que fuera pacífica y permitiera al organismo operar de manera normal, lo que no ha ocurrido», dijo Guillén.
El ingeniero de profesión explicó que de todos modos, el despido de Ballesteros no tiene nada que ver con el paro de labores que suma 35 días, sino por las conductas fuera de la ley asentadas en videos y otras pruebas.
Además de Ballesteros, fueron cesados Noelia Rodríguez Pazarán, Luis Enrique Ángeles Hurtado, José Luis Rosas Reyes, Santiago Batres Martínez, Iván Hernández Acuña, Jorge Ruiz Reséndiz y Claudia Cristina Ruiz Loredo.
Por su parte, Ballesteros no ha hecho ningún pronunciamiento público, pero a través de sus asesores legales, la versión es que mientras haya una huelga, él ni nadie puede quedar despedido de la DAPA.
De acuerdo con el abogado de la STSDAPAS, Matilde Hernández Méndez, «el Juzgado Quinto de Distrito declaró sin materia el incidente de suspensión pedida por la DAPA para revocar la suspensión provisional decretada el 31 de octubre».
Es decir, la huelga es legal y está firme.