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Muere una joven en Tamaulipas tras fuerte ataque de tos
Esta semana se conoció el primero de los tropiezos para la hoy vigente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en México, al tiempo que en el poder judicial decidirá sobre la revocación que llevará a los profesionales de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, del apartado A al B en el Art. 123 constitucional.
Una república, por definición, implica división de poderes soberanos.
De ahí que el poder judicial federal juega un contrapeso relevante hacia lo que se pretende legislar o ejecutar; habría que tomarlo en cuenta respecto a posibles futuras leyes, reglamentos y demás normas relativas a CTI.
El planteamiento del recurso interpuesto al poder judicial es fundamental para lograr la protección del estado ante actos de autoridad o bien que la controversia pueda ser sentenciada; así que debe ser cuidadosamente redactado.
Esto tiene sentido en el marco circunstancial del anteproyecto de ley para CTI que CONACYT ha dejado en Palacio Nacional; mientras que recientemente se ha expresado la intención de un par de Senadores para adelantarse y lanzar una iniciativa alternativa.
Una lectura al anteproyecto propuesto por CONACYT deja entrever una extremadamente tibia, por decirlo gentilmente, política de estado con perspectiva de género; tema relevante en la conmemoración, de hace 4 días, llamada 8M.
Sin demérito alguno de las causas u otra intención, se puntualiza que esta columna considera un despropósito la violencia para eliminar la violencia misma; es mejor contar con instituciones consolidadas, de ahí la relevancia tratada en entregas anteriores y la actual.
En relación a la perspectiva incluyente para la participación, formación y labor en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por las siglas en inglés, acrónimo afianzado internacionalmente), resulta que el anteproyecto se queda, también en esta componente, mas que corto.
Nada dice de innovación tampoco de emprendimiento incluyente como política del Estado Mexicano en CTI.
Entretanto, a manera de exposición de motivos se antoja el hecho que en Brasil, como se reportó el 9 de marzo en curso, se aprobó, en sesión remota, el Proyecto de Ley del Senado PLS 398/2018.
De aprobarse el PLS 398/2018, en Brasil cimentarán una política de su estado federal, se promoverán condiciones para un ejercicio en CTI con orientación de género STEM.
La propuesta incluye lo dispuesto en las directrices y bases de educación (LDB – Ley 9.394/1996) y la Ley de Innovación Tecnológica (Ley 10.973/2004); el texto pasará a la Cámara de Diputados dado que en Brasil también tienen poder legislativo bicamaral.
Entre otros, el PLS 398/2018 de Brasil contiene elementos relevantes como licencia de maternidad, especifica que la Química, Física y Tecnologías de la Información deben ser explícitamente incluidas, se acepta la enmienda para incentivar la innovación tecnológica y el emprendimiento femenino mediante créditos, fomento de educación financiera y asistencia técnica para formación de empresas.
En contraste, el anteproyecto de ley para CTI de CONACYT es tan deficiente que debe ser re-escrito en su totalidad.
Una perspectiva integral, ambiciosa y progresista, inclusiva en género y mas, para políticas públicas en CTI debe incorporar la clase de incentivos del PLS 298/2018; sin distingos de género, apariencia, preferencia sexual, política o religiosa, etcétera.
Si nos desprendemos, la licencia por maternidad y paternidad podría ser llamada licencia por iluminación y permitida para la persona o pareja que adquiera esa responsabilidad por natalicio o por adopción de aquellos en infancia; iluminación y no alumbramiento para incluir la adopción homoparental, por ejemplo.
Así, entre otros puntos, la redacción de toda la norma podría ser inclusiva; sí, también la Ley General de Educación Superior y más.
Enmendar la plana en este sentido es necesario para cualquier pretensa transformación social; la imposición vertical del estado no es transformación sino retroceso.
Hay de leyes a leyes, ¿cuál quiere?