Cuando los Xi´iuy perdieron el miedo (VIDEO Segunda parte)

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 26 de enero de 2019.- El abogado, Miguel Ángel Guzmán Michelle, es uno de los personajes que ha acompañado a los Xi´iuy más allá de lo legal, testigo de la desigualdad social en que viven las familias autóctonas, comenzó el proceso jurídico desde el año 2011. No hubo forma de conciliar con ejidatarios y, la otrora Secretaría de la Reforma Agraria (a cargo entonces de Juan Serrano Amador) no tomó el asunto mucha importancia.

En el año 2012 surgió el único asomo de interés gubernamental, durante un encuentro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Cárdenas, SLP., sin resultados.
-“Nos vimos obligados a demandar ante el Tribunal Agrario en Tampico, Tamaulipas, al principio se negó el proceso para reconocimiento de la comunidad indígena de la Nueva Palma y La Palma, así como la inscripción de la sentencia en el Registro Agrario Nacional, mucho menos reconocer sus usos y costumbres”, recuerda.

El Tribunal Unitario Agrario (Distrito 43) dio cuenta del expediente 759-2012-43, que incluía responsabilidades para ejidatarios, pero además para el ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, también el ex Gobernador del Estado, Marcelo de los Santos Fraga; sobra decir que ninguno compareció y las contestaciones, desahogo de pruebas y alegatos, se concentraron -durante seis años- en cinco tomos de actuaciones jurídicas.

Los indígenas finalmente comenzaban a ganar terreno –casi literal… casi- gracias a una investigación pericial ordenada al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que enviaría a un profesional a realizar pruebas de antropología física y humana. La indagatoria no sólo se efectuó en campo, sino en el propio Archivo General de la Nación, en la capital del país.

Ahí fue encontrada la Merced Real que indica la donación a los indígenas Xi´iuy por parte de la corona Española, para que formaran tierras comunales, también consta el pago de 200 pesos oro que pidieron a cada nativo por la propiedad. El documento original –según consta en la investigación- se encuentra en Valencia, España.

“La indagatoria histórica continúa hasta la etapa de la revolución mexicana, cuando los Pames combatieron junto al ejército de Saturnino Cedillo, quien era del bando Villista; una vez que triunfan se da la primera indicación presidencial de Álvaro Obregón, quien reconoce a La Palma y ordena en una de las resoluciones que se debe respetar el título comunal”. Ésta incluía las 34 mil 780 hectáreas que actualmente continúan en litigio.

Los intereses políticos

Cuando Juan Manuel Carreras López -del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- lograba posicionarse como candidato a la Gubernatura de San Luis Potosí (en el año 2015) aplicó la vieja estrategia política del personaje sencillo que estrecha manos humildes; se acercó a ejidatarios de La Palma para ofrecer su respaldo en el conflicto con comuneros, bajo la promesa de que -una vez siendo Gobernador del Estado (lo lograría ese mismo año)- intervendría en el Tribunal Agrario para que no procediera el título comunal.

La misma oferta les hizo Cándido Ochoa Rojas, él aspirante a la Diputación Federal y amigo cercano –según presumía- de un Magistrado del Tribunal Agrario. Concluyó su legislatura en el Congreso de la Unión y actualmente, desde una curul en el Poder Legislativo de San Luis Potosí, ha declarado que «es una ocurrencia» que los indígenas Xi´iuy reclamen su emancipación y propiedad.

Ambos compromisos de poco valieron, en marzo de 2016 se emitió una primera resolución del Tribunal, luego de sobreseer un amparo promovido por los ejidatarios; en ésta se dictamina que debe respetarse el territorio comunal, pero observa excesos, como la anulación del programa de certificación de derechos agrarios.

“Todo iba caminando positivamente, las cuestiones políticas han complicado las cosas, cuando salió la sentencia a favor de los Xi´iuy comenzó un bloque del gobierno para ir en contra de ésta; hicieron una reunión con gente de la Procuraduría Agraria, ahí estaba Horacio Lobo Ramírez, asesor agrario del gobierno estatal, la ex delegada de la Procuraduría Agraria y el entonces alcalde de Tamasopo, Gabriel Hernández Aguilar”, rememora.

En el cónclave, establecieron un acuerdo por escrito –a favor de los ejidatarios- donde consta que se opondrían al cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Agrario; este grupo anti comunero se mantiene a la fecha, con reuniones a puerta cerrada entre funcionarios de Juan Manuel Carreras y ejidatarios de La Palma. El pasado 04 de enero –en plena fiesta de aniversario ejidal- se dieron tiempo para una encerrona más. Ahí estuvo la representante del ejecutivo estatal en la zona media, Rosa María Huerta Valdéz.