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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 9 de septiembre de 2024.- Reclusos del penal La Pila, en la capital potosina, comenzaron un amotinamiento la noche de este lunes en el dormitorio dos, presuntamente como protesta por el decomiso de teléfonos celulares y un módem.
Desde el exterior se observan columnas de humo, y circulan imágenes del interior, donde aparecen internos con el rostro cubierto; aunque corrió la versión de que la protesta fue por temas sanitarias (brote de hepatitis), no ha podido confirmarse.
De acuerdo con información oficial vertida hasta ahora, hay agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado al interior.
“En este momento se lleva a cabo un operativo al interior del Centro Penitenciario Estatal en la delegación de La Pila, por parte de agentes de la Guardia Civil Estatal y de la Dirección de Prevención y Reinserción Social”, informa la dependencia.
Añade que realizan una incursión para establecer el diálogo con personas privadas de la libertad que están en contra de la prohibición y aseguramiento de teléfonos celulares y otros objetos prohibidos, que ponen en riesgo el orden al interior.
“El resto de las instalaciones del Centro Penitenciario se encuentra en calma y en resguardo por personal penitenciario y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.”
NO HAY ORDEN
Esta sería la tercera trifulca del año, la primera -ocurrida el 14 de marzo- dejó al menos tres muertos y seis lesionados; la segunda ocurrió el dos de mayo pasado.
Según consigna El País, el Centro penitenciario de La Pila ha sido señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por haber recibido puntuaciones bajas, por lo menos desde el 2010 y hasta el 2022, por no cumplir con las condiciones básicas para el personal y las personas ahí recluidas.
Se ha denunciado la falta de aplicaciones de sanciones disciplinarias, falta de personal de seguridad y custodia —que además no cuentan con la capacitación ni el armamento necesario—, un aumento de actividades delictivas al interior del penal, hacinamiento, e incluso falta de protocolos para prevenir casos de tortura o maltratos, entre otros.
En 2021 se leía en el informe de la CNDH: “Se trata de violaciones a la garantía de estancia digna de los internos, a las condiciones de gobernabilidad y a la reinserción social de los internos”.