Lucha contra la tortura es también una lucha contra la impunidad

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 26 de Junio de 2025.- Pese al marco legal nacional e internacional que la prohíbe, la tortura sigue siendo una práctica extendida en México.

En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se conmemora cada 26 de junio, cabe reflexionar sobre la impunidad y la normalización de este tipo de violaciones.

De acuerdo con cifras del INEGI, más del 60% de las personas detenidas afirman haber sufrido golpes o amenazas, pero solo el 2% lo denuncia formalmente.

En San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibe decenas de quejas al año, aunque la mayoría no prospera porque las víctimas no ratifican por miedo.

Los casos más frecuentes involucran a personas detenidas por narcomenudeo, mujeres en prisión, adolescentes y personas indígenas. Las formas de tortura documentadas incluyen golpes, asfixia, violencia sexual y aislamiento.

En México, sentencias recientes evidencian el uso sistemático de la tortura. En junio de 2025, la Suprema Corte liberó a Juana Hilda González, condenada a 78 años con base en confesiones obtenidas bajo tortura. También fue liberada Keren Selsy Ordóñez, tras comprobarse que fue forzada a declarar tras ser agredida por autoridades.

En el ámbito local, destaca la vinculación a proceso de dos ex policías en Matehuala, señalados por actos de tortura en 2013, así como el arresto de un ex subdirector de la Policía Municipal de Ciudad Valles por hechos de 2018 donde una persona murió tras un interrogatorio violento.

A pesar de la existencia de leyes como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, la mayoría de los casos no llegan a juicio, y persiste el uso de confesiones bajo coacción en procesos penales.

Organizaciones como el Centro ProDH, Fundar y la Red TDT realizan este 26 de junio actos conmemorativos, como campañas en redes con el hashtag #MéxicoSinTortura y proyección de testimonios de víctimas.

Para denunciar casos de tortura en SLP, las víctimas pueden acudir a la CEDH, a la CNDH o a organismos como Idheas y Centro ProDH, donde se ofrece acompañamiento legal y protección.