Concluye reparación del ducto submarino averiado en la Sonda de Campeche
El 12 de agosto de 2025, México entregó a Estados Unidos al piloto que trasladó a Ismael Zambada. No hubo procedimiento de extradición. No hubo control judicial.
Hubo un acuerdo del Gabinete de Seguridad y una invocación: La Ley de Seguridad Nacional.
Meses después, cuando fiscales de Nueva York pidieron la detención con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa y de otros funcionarios de su administración, el discurso oficial cambió.
Ahora sí hacían falta pruebas. Ahora sí importaba el debido proceso. Ahora sí la soberanía era invocable. El contraste obliga a tres preguntas.
¿Existe fundamento constitucional y legal para esas entregas? ¿Por qué nadie descubrió esa supuesta facultad en veinte años de vigencia de la ley? ¿Y qué costo institucional tuvo usarla contra el testigo que México más necesitaba conservar? Veamos.
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